Amiguismo y tráfico de influencias en Acceso a la Justicia

Amiguismo y tráfico de influencias persisten en el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, que dirige Luis Humberto López López, pues ha otorgado contratos con honorarios de hasta 30 mil pesos mensuales a recomendados, mientras el resto del personal que presta servicio de defensoría pública apenas percibe de cuatro mil 500 a siete mil pesos quincenales.

Afectados que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, dijeron que uno de los beneficiados es Luis Alberto Alcocer Gómez, quien fue cesado de la Fiscalía General del Estado por actos de corrupción y al que pretendió otorgarle el cargo de jefe de asesores jurídicos del área de víctimas.

Como fue “quemado” en redes sociales aparentó no contratarlo, pero por los favores que le debía, López López le otorgó contrato de junio a diciembre de 2022 con sueldo mensual de 30 mil pesos.

También benefició a Eduardo Enrique Mex Pérez, a Luis Ermilo Mex Collí como asesor jurídico de víctimas también con sueldo de 30 mil pesos al mes, de junio a diciembre 2022.

Igual a Mildred Verónica Magaña Rodríguez, a quien sin tener trayectoria en la Defensoría le otorgó plaza de defensor con nivel 6.1 (plaza alta) en noviembre del 2022, haciendo a un lado al resto del personal de defensores, asesores jurídicos de víctimas y área civil que tienen de 10 a 20 años de antigüedad.

Además, contrató a la exfiscal Anahí Guadalupe del Carmen Pérez Uicab, y recientemente a tres personas más: Teresa de Jesús Avilés Rocha, quien trabajó en la Fiscalía General de la República, de donde la sacaron por corrupta, estuvo en el sistema penitenciario y luego fue fiscal en el área de ejecución de penas y de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía; Lizbeth del Carmen Pech Cu y Fernando Alberto Ríos, a quienes les otorgaron contratos élite de 25 mil pesos mensuales.
A pesar de que se les ofreció que los contratos serían a través de la convocatoria del Programa de Fortalecimiento de la Defensoría Pública del Estado de Campeche, y que deberían reunir requisitos como acreditar grado académico, al final sólo fueron contratados amigos y personas a quienes el director Luis López López les debía favores, acusaron.
En este año renovaron contratos para esos tres fiscales, sin que hubiera convocatoria como lo señala la Ley de la Defensoría Pública en el Estado.
Sólo son beneficiados los amigos de López López, por lo cual hoy a la institución se le considera la “caja chica” de la Fiscalía General del Estado y agencia de colocación de amigos del director, quienes le hacían favores especiales en sus asuntos cuando litigaba de manera particular, aunque hay rumores que sigue litigando, finalizaron.