Inconstitucional la “reforma Provida”

Es inconstitucional la reforma Provida aprobada por la la LXIII Legislatura del Congreso del Estado el 29 de julio de 2021, por lo que no se puede publicar en el Periódico Oficial del Estado, aclaró el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno (Segob), Arturo Aguilar Ramírez, al asegurar que desde octubre del año pasado le hicieron las observaciones al Poder Legislativo.

Tras la manifestación de integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) para exigir la publicación del decreto 251 emitido por la LXIII Legislatura, por el que se declara válida la reforma al artículo VI de la Carta Magna local, que señala que ‘persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural’, el funcionario estatal reviró que esa reforma no puede ser validada.

A través de redes sociales, Aguilar Ramírez argumentó que ‘no se publicó por el Poder Ejecutivo del Estado, por ser a todas luces inconstitucional la reforma que aprobó el Congreso del Estado y los ayuntamientos a la Constitución local, que definía el concepto de persona para ser sujeto de derechos desde su concepción’.

Y agregó que ‘por tanto hicieron las observaciones desde el 1 de octubre de 2021 al Congreso del Estado de ese proyecto de decreto, en el sentido que se rechazaba en su totalidad, por tener claros vicios de inconstitucionalidad’.

El decreto planteaba considerar sujeto de derechos al embrión desde la concepción, cuando en la Constitución Federal no se prevé así, aclaró. Además, la Convención Americana de Derechos Humanos estableció que no se puede considerar al embrión sujeto de derechos y compararlo con el concepto de persona, que sí es sujeto de derechos.

De igual manera, precisó que en septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional en el expediente 107/2018, una reforma en el mismo sentido que el Congreso del Estado de Sonora expidió, estableciendo que las entidades federativas no pueden legislar en esa materia para establecer definiciones que prevean el derecho desde la concepción para dotar al embrión de derechos, ya que es competencia del Congreso Federal.