Al acusar que la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre aplica la misma política de su antecesor, Eliseo Fernández Montúfar, de hostigar, amenazar y cortar el servicio de agua potable a deudores, el nuevo representante de la resistencia civil “Campeche para los Campechanos”, José Manuel Santisbón Rivero, denunció que como pago de facturas a empresarios yucatecos, se erogan anualmente tres millones 480 mil pesos por la renta del Centro de Atención Municipal, que aún no funciona.
El activista reprochó que la ciudadanía enfrenta la opresión de las autoridades municipales mediante el incremento de las tarifas por concepto de agua potable en detrimento de la economía de las familias.
“En 1991 la tarifa anual por el servicio del agua era de 15 pesos, y hasta el año pasado llegó a 873. 29; cada año y trienio ha ido incrementando este derecho, pese a que los ayuntamientos reciben participaciones federales para que administren y ejecuten los servicios como sistemas de agua potable, rehabilitación y mantenimiento a plantas de tratamiento, entre otros”.
Y recordó que en la pasada administración que encabezó Fernández Montúfar, comenzó un insensible e inhumano operativo de cortes en las tomas domiciliarias de quienes presentaban adeudos, además del hostigamiento con avisos de pagos y amenazas de cortes, que continúa hasta ahora la alcaldesa Rabelo de la Torre.
Santisbón Rivero relató que hace dos años, en la Unidad Habitacional Exhacienda Kalá se realizó el corte del servicio a varias familias, quienes tuvieron que realizar un esfuerzo para cubrir a pagos parte del adeudo para poder lograr la reconexión del suministro.
Reiteró que el candidato perdedor a la gubernatura tenía una grave adicción a discriminar a los campechanos, pues la mayoría de las obras y contratos de servicios las adjudicó a empresas yucatecas.
Además, expuso que el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Encalada Ortega, reveló una información relacionada a la Unidad de Atención Municipal, que se ubica donde eran las oficinas de una empresa concesionaria automotriz.
Dijo que desde noviembre de 2021 firmaron un contrato para el arrendamiento con un costo de 250 mil pesos mensuales, que con el 16 por ciento del IVA, que equivale a 40 mil pesos, suman 290 mil, con vigencia hasta el 31 de diciembre, pero podrá prorrogarse el tiempo que dure la administración municipal.
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