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Aplaudible intervención del Gobierno

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El presidente de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar), Eduardo Berrón Fuentes, aseveró que fue aplaudible la intervención del Gobierno del Estado para evitar más tomas de carreteras y vulneración de la legalidad que provocan afectaciones millonarias, en relación a la disolución del bloqueo del Puente Zacatal.

“El Estado de Derecho no puede volver a ser vulnerado por manifestaciones que afectan a terceros, por lo que es prioritario, sobre todo que sienta precedentes para evitar la reincidencia”, aseguró.

Además las protestas no son criticables cuando mantienen el respeto por los derechos de la ciudadanía, pero si perjudican a terceros son más que reprobables.

Por otro lado el empresario transportista coincidió con Eduardo Valdez, gerente general de ADO en Campeche, quien exigió cárcel a quienes bloqueen carreteras y promuevan actos ilegales.

Al igual que el resto de las cámaras empresariales y sus representantes, el delegado de la Canacar en Campeche recordó el impacto económico que este tipo de actos genera a nivel regional, ya que la geografía estatal en cualquiera de sus puntos es cruce obligado para transportistas del sureste.

 

INJUSTICIA

En tanto el integrante de la barra de abogados de Campeche, Higinio Estañol Dorantes declaró: “Hay injusticia, no se vale que a los obreros se les reprima de la manera más cruenta, todo se debe a causa del poco apoyo que las autoridades brindan, pues ellos no cuentan con empleo y no les han pagado”.

Lo único que piden es el pago de sus salarios ya devengados y las autoridades no han sido capaces de resolver este problema. Aquí se ha visto una dejadez por parte de altos funcionarios que a su vez mandan a detenerlos que al agotar todas las instancias posibles tienen que actuar de esta manera para ejercer presión, dijo.

“Sabemos que hay afectaciones en todos los ámbitos pero el Gobierno debe tener la capacidad para actuar y hacerle justicia a los obreros que fueron defraudados”, enfatizó.

En tanto los petro-obreros son los más sometidos por parte de los grandes empresarios “que usan a los trabajadores como máquinas y posteriormente cuando ya no son indispensables simplemente los despiden sin darles siquiera lo que por ley les corresponde y posteriormente forman parte de las cifras de desempleo masivo en el municipio y Estado”, concluyó.

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