Exigen a FOB imparcialidad

La Red Sociedad Civil exigió al gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés saque las manos de la transacción de compraventa de predio a la familia Rosiñol Abreu, y permita que la ley funcione como corresponde, advirtió el abogado de Juan Viveros Castillo, Ismael Trujillo Camacho.

Sobre todo, agregó, cuando el mandatario se la ha pasado durante todo su gobierno argumentando que son once Campeches, pero de antemano sabe que la suerte de los carmelitas nunca le ha importado.

“Es hora que demuestre rectitud, enfrente los problemas que su administración ha generado, pero máxime que deje de evadir los temas y asuma su responsabilidad dando una explicación, primero por qué otorgó a los Rosiñol Abreu ese terreno que era del fundo legal municipal.

Entrevistado en sus oficinas ubicadas en calle 35 número 57 de la colonia Centro de esta ciudad, Trujillo Camacho, coordinador de Red Sociedad Civil, demandó de Ortega Bernés, Codesvi y Jorge Rosiñol aclaren a la sociedad la forma con la que actuaron en la venta del terreno, ubicado en el “Restito de las Pilas”.

Aseguró que estuvo presente cuando el diputado plurinominal le habló vía telefónica a Juan Viveros Castillo, y escuchó cuando dijo “que él debía terminar pronto su obra y que no se metiera, que a él le vendió el gobernador del Estado ese terreno para construir viviendas”.

Que él —Rosiñol Abreu— había dado la orden de invadir y cercar todo el terreno a pesar de que sabía que Viveros Castillo tenía escrituras y sobre todo la posesión del terreno, y fue por eso que mi representado, respetando el marco jurídico acudió ante el Ministerio Publico y presentó su denuncia”.

Hasta la fecha, la Vicefiscalía no han actuado a pesar de que han acudido a esa dependencia donde solo reciben evasivas.

“Nos presentáramos hasta septiembre ya que ellos tienen mucho trabajo y ni siquiera la inspección ministerial en el lugar de los hechos han realizado, tal parece que recibieron la consigna de que el expediente no se mueva como lo demuestran las acciones de la autoridad.

Por ello, reiteró la exigencia de que el gobernador saque las manos del proceso legal, ya que los mismos funcionarios de la Vicefiscalía  lo han argumentado, está grabado, y que explique la razón que motivó su orden y por el contrario que instruya se hagan las cosas como marca la ley a fin de que a la familia Rosiñol Abreu, Celina Alayola Santos y Miguel Alejandro Fernández Jiménez, se les aplique todo el peso de la ley por el delito que cometieron ya que aun cuando ellos son gente influyente deben de pagar por lo que hicieron.

Es tiempo de que “quien la haga que la pague” , sea quien sea, debiendo ser consignados todos por juez penal por el delito de desvalijamiento que cometieron al invadir el predio propiedad de Juan Viveros, bajo el argumento de que  tienen papeles, es decir por haber actuado de manera autoritaria, prepotente y sin esperar orden de autoridad legalmente establecida, incurriendo en el delito de despojo que se contempla en los artículos 211 y 212 del Código Penal del Estado en vigor que dicen:

Artículo 211: Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo:

1. Ocupe un inmueble ajeno, o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;
2. Ocupe un inmueble propio que se halle legítimamente en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante;

III. Con el propósito de apropiarse de una fracción o de la totalidad del inmueble, altere términos o linderos de los predios o cualquier clase de señales o mojoneras destinadas a fijar los límites de los predios contiguos, tanto de dominio público como de propiedad particular;

1. Desvíe o derive las aguas ajenas o haga uso de ellas o de un derecho real que no le pertenezca;
2. Desvíe o derive aguas propias en los casos en que la ley lo prohíbe o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante.

Artículo 212: Las sanciones del artículo anterior serán aplicables aun cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudoso o esté en disputa.

De igual manera la Codesvi debe de explicar por qué ni siquiera dio  atenta respuesta a las solicitudes que de manera formal y por escrito desde el  2009 hizo su representado, Viveros Castillo, en donde solicito en compraventa una pequeña franja de ese terreno para ampliar su negocio denominado “Los Jarochos” y si en cambio dio rápida respuesta a la familia Rosiñol Abreu realizada en el año 2014.

Es decir cinco años después y explique la diferencia entre ambos solicitantes, si esa autoridad responde a las peticiones por razón de linaje o por razón de que y que responda además si en el Estado hay campechanos de primera y de segunda o en su caso de tercera ya que este es el comportamiento con el que se conduce esa autoridad.