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No paga Cotemar a al menos 40 empresarios

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Altos ejecutivos de la petroempresa Cotemar, S.A de C.V., tejieron en su entorno una red de corrupción que tiene en jaque a por lo menos a 40 empresarios carmelitas, a quienes adeuda de 300 mil a más un millón de pesos y se niega a pagar, denunció Marco Antonio del Jesús Chablé Jiménez, uno de los afectados.

El pequeño empresario carmelita afirmó que el gerente de Operaciones Marinas y Servicios Generales, Juan Carlos Calderón Loya, y el arquitecto Juan Manuel Urrea Canul son la punta del iceberg de la corruptela que impera en dicha compañía y responsables de los problemas que se originan.

“La mente intelectual de los negocios turbios es Calderón Loya, quien está facultado para entregar contratos, pagos y diversos recursos, por lo cual aprovecha el cargo para beneficiar con contratos a empresarios afines”.

“Como cómplice tiene a Urrea Canul, y aunque recurrieron a argucias para perjudicar al director ejecutivo Alejandro Villarreal Martínez, con quien sostenían batalla por el poder, trascendió que éste los solapa”, expuso.

El empresario puntualizó que Erika Caballero Ojeda, del referido departamento, también atenta contra los proveedores chicos que en su momento daban mantenimiento a plataformas, vendían piezas de maquinarias, ofrecían servicios de pintura,  corrosión y motores y checaban los sistemas de generación y propulsión.

Además —continuó Chablé Jiménez—, se supo que Edwin José Zapata, encargado de Servicios Generales en el patio de maniobras de Cotemar, en el  kilómetro 10 de la carretera Carmen-Puerto Real, recibió instrucciones de Urrea Canul para indagar entre los proveedores locales quién reveló a la luz pública los negocios de Calderón Loya.

Incluso ayer a las 10 de la mañana hubo reunión en el edificio ubicado en la calle 26, donde Calderón Loya y Urrea Canul exigieron a subordinados cercanos investigar entre los pequeños empresarios que han sido engañados por Cotemar, quién o quiénes filtran información, y los amenazaron con quitarles contratos y retenerles pagos si trascendía lo dialogado.

Tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) y como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tienen que intervenir e iniciar averiguación formal contra los funcionarios de alto nivel de la petrolera, para detectar la podredumbre y castigarlos.

“Las deudas —de 300 mil a más de un millón de pesos—, afecta a al menos 40 miniempresarios, quienes al carecer de solvencia económica para amortiguar el incumplimiento de pagos se ven obligados a recurrir al despido de su personal”.

Es necesaria la intervención del organismo federal a través de la SFP, para que indague cómo se han llevado a cabo los procesos de adjudicación de contratos en Cotemar, insistió.

La PGR y el Gobierno del Estado también deben intervenir en apoyo a los afectados, pues se trata de un problema colectivo que paralizan las finanzas municipales.

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