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Vigente denuncia penal contra SAE

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Aunque extrabajadores reciban liquidación, Luis Alfonso Maza Urueta, nombrado síndico administrativo de Oceanografía en el 2014 por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), tiene que responder penalmente por desviar recursos.

Afirmó lo anterior Rafael Serrano Frías, representante de un nutrido grupo de afectados, y recalcó que Maza Urueta también debe comparecer ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados.

El también denunciante precisó que ahora se pretende asegurar que el administrador nunca fue funcionario del SAE, cuando en todo momento se ostentó como tal y dispuso de los recursos materiales, humanos y económicos de la compañía.

“Su desempeño causó perjuicios sobre todo a trabajadores y proveedores, por lo cual tiene que ser procesado y castigado penalmente”.

Este funcionario federal —subrayó—, debe responder por el desvío de recursos destinados a las liquidaciones, sobre todo por el fideicomiso que integró juez tercero de Distrito en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, el 31 de agosto de 2015.

Lo anterior, independientemente de que sea cumplido lo mandatado por la Junta Especial Número 1 de Conciliación y Arbitraje, para que los exobreros reciban su paga.

 

EL DINERO DESVIADO

En los inicios del conflicto laboral —acontecido casi en forma paralela a la intervención gubernamental—, fueron depositados ocho millones 835 mil pesos en una cuenta de Banca Invex, para liquidar a obreros.

Sin embargo, Maza Urueta, a quien ahora pretenden pasar como asesor externo del SAE, usó el dinero para otros fines, pese a los procesos laborales ganados a la compañía de Amado Yáñez Osuna.

Por la falta de pago, durante meses hubo en protestas, manifestaciones y bloqueos de edificios del corporativo de OSA. Ni así fue liberado el recurso autorizado por un magistrado.

 

FIRME POSTURA

Los extrabajadores que mantienen demandas laborales contra la petroempresa prestadora de servicios costa afuera, recalcaron que el pago de laudos no exime a Maza Urueta de los malos manejos.

Así, sigue vigente la demanda, con número 726/2016, en la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y la Administración de Justicia.

Los indiciados son Héctor Orozco Fernández, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; Norma Romero Mendoza, coordinadora jurídica del mismo órgano federal, y Maza Urueta.

Fueron demandados por negarse a liquidar a más de 75 obreros que durante tres meses mantuvieron tomadas las instalaciones de la petroempresa, ubicada en la calle 26 de la colonia Revolución.

Además, en la última reunión con los diputados federales que integran la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se informó que hay seguimiento al caso y que había varios funcionarios en la mira.

Es prácticamente un hecho que estos funcionarios serán llamados para que informen qué destino tuvo el fideicomiso, y qué pasó con los contratos con Petróleos Mexicanos que dejaron millonarias ganancias, entre otros aspectos que permanecen sin ser esclarecidos.

Confío en que haya justicia para los cientos de obreros y familias que no tuvieron para comer durante dos años, mientras los funcionarios vivían como reyes cobrando salarios de primer mundo.

Se estima que el mayor beneficiario con altos salarios fue Maza Urueta, de 65 años de edad y administrador de empresas por la UNAM, pues cobró 309 mil 833 pesos quincenales desde la segunda quincena de marzo.

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