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Solapó edil sus negocios sucios

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Desde el inicio de su administración Pablo Gutiérrez Lazarus solapó los negocios sucios de los hermanos Jorge y Rubén Rosiñol Abreu, como la gasolinería de la avenida Nardos en el fraccionamiento San Manuel y el proyecto inmobiliario de 400 viviendas en 12 edificios verticales en el terreno Restito de las Pilas que le vendió la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi) a precio de ganga.

Señaló lo anterior el presidente de la Unión de Ciudadanos en Gestoría Social, Marcelo Rosario Arcos, al indicar que como autoridad municipal, el edil debió ser el primero en iniciar un procedimiento en contra de los hermanos Rosiñol Abreu, pero fue todo lo contrario.

Manifestó que el proyecto condominio de vivienda vertical que intentó construir esa familia en el predio ubicado sobre la avenida Isla de Tris por Alcatraz de la colonia Luís Donaldo Colosio, está suspendido y la obra clausurada porque no cuentan con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Además el alcalde Gutiérrez Lazarus es cómplice en parte del ecocidio cometido por Rubén Rosiñol Abreu, ya que omitió o ignoró alguna reacción para advertirle del delito en el que incurría y no interrumpió la obra, pues los permisos de construcción los autoriza el Ayuntamiento.

 

ACERTADA LA DECISIÓN

Por otro lado, calificó de acertada la decisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de multar por más de seis millones de pesos y clausurar los fraccionamientos Buenavista y Rinconada Buenavista, ahora deben vigilar que Rubén cumpla con la reparación del daño ecológico cometido.

“Incluso sabemos que Gutiérrez Lazarus y Jorge Rosiñol Abreu tienen marcados intereses políticos, económicos y empresariales, e inclusive el segundo seguramente le ofreció su apoyo en la pretendida reelección como alcalde de El Carmen para el 2018, por ese motivo prefirió callar y hacer caso omiso de esta ilegalidad y violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico por parte de Rubén.

El alcalde a través de la Dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, no promovió ningún tipo de investigación o juicio ante las instancias federales contra la depredación de mangle que realizó Rubén, se hizo “de la vista gorda”.

Por ello consideró que la Profepa, aunado a la multa económica y la clausura que aplicó al empresario panista, también debe obligarlo a resarcir el daño ambiental y suspender de manera definitiva dichos fraccionamientos residenciales que atentan contra el ecosistema de la Isla.

“Incluso se debe aplicar todo el peso de la ley para dejar precedente que las nuevas autoridades de la Profepa, realmente actúan con vigor y respetar las leyes ambientales de nuestro Estado, porque nada ni nadie debe estar por encima de la ley”, agregó.

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