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Terrorismo fiscal

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En su desesperación por obtener recursos para sufragar el malgasto del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, la tesorera Ligia Patricia Castillo Góngora ejerce terrorismo fiscal al amenazar a los comerciantes con auditorías, con lo cual abusa de las facultades que le otorga la Ley de Hacienda de los Municipios.

Aseguró lo anterior el noveno regidor Venancio Rullán Morales, al lamentar la falta de sensibilidad del presidente municipal, que no para en su búsqueda de arrebatar el dinero a los ciudadanos, que de por sí están sumidos en una grave crisis económica.

Dio a conocer que en días pasados el personal de la Tesorería Municipal inició entregar oficios en los establecimientos, donde se les “invita” a los propietarios a presentar los comprobantes de pago correspondientes a las obligaciones con el municipio, en un plazo no mayor a tres días hábiles, con el amago de someterlos a auditoría en caso de no obedecer.

Indicó que la funcionaria recurre a las facultades marcadas en la fracción III del artículo 4 de la Ley de Hacienda de los Municipios, los cuales la facultan para la práctica de auditorías a los contribuyentes, así como la obtención de los datos de informes que tengan relación con el objeto de las mismas.

Sostuvo que los únicos pagos que los propietarios de negocios realizan a la Comuna, son la licencia de funcionamiento, el Predial en caso de que sean dueños del inmueble, así como el servicio de agua potable a través del Smapac.

Señaló que al parecer ahora la tesorera se erige como recaudadora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su desesperación por conseguir recursos.

“Amenaza a los dueños de ‘changarritos’ lo cual es el colmo. Con esto queda demostrada una vez más, la insensibilidad de Gutiérrez Lazarus, que parece no darse cuenta de que los comerciantes ya no dan para más”.

“Las ventas de ellos están por los suelos, hace tiempo se descapitalizaron, apenas sacan para ir tirando, lo único que va a obtener es más cierres de negocios”, afirmó.

Además, lo lamentable que el alcalde aplica la ley para “torcer” a los ciudadanos, no para transparentar el destino de los recursos, porque en todo el tiempo que lleva la administración municipal, no han entregado cuentas detalladas, solamente las carátulas, sin desglose del destino de los recursos, puntualizó Rullán Morales.

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