Es vergonzoso ver las grandes fortunas tejidas al amparo de la corrupción y trasladadas a paraísos fiscales, mientras que las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) muestran cada día mayor deterioro y miles de trabajadores son despedidos.
Sostuvo lo anterior Mario Díaz Ortega, secretario general de la Coordinadora para la Defensa de Pemex, al referirse al contrato por más de 10 mil millones de pesos que fue otorgado en términos de regalo a José Farrera Redondo, esposo de la diputada federal, Rocío Matesanz Santamaría, forzosamente pasó por las manos del director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Juan Javier Hinojosa Puebla.
Pero no sólo por la PEP pasó, sino por Víctor Hugo “El Zapatero” Ceballos Chávez, gerente de Logística Marina, por lo que ambos funcionarios deben ser investigados y sujetos a proceso en caso de encontrarles responsabilidad, manifestó.
Recordó que el 15 de marzo de 2007, Pemex publicó en el Diario Oficial la convocatoria para rentar, sin opción a compra, una plataforma de perforación tipo semi sumergible o de barco perforador, para operar en el Golfo de México.
Al día siguiente, el 16 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores asignó a José Farrera Redondo el permiso número 0400307 para el uso de la razón social Sea Dragon de México.
Y justo un mes después, el 16 de abril, el empresario chiapaneco Farrera Redondo inscribió su nueva empresa en el Registro Público de la Propiedad, la cual había sido constituida al vapor ante el corredor público Emilio del Río Pacheco.
El contrato, por un monto de 958 millones 655 mil dólares, equivalente en esos días a 10 mil 300 millones de pesos, fue asignado a la empresa creada por Farrera Redondo el primero de junio de 2007, pero una semana después, a 12 días de que entrara en vigor, el chiapaneco vendió el total de sus acciones en 50 mil pesos a dos empresas extranjeras sin experiencia, también recién creadas, recalcó.
Indicó que el 99% de las acciones quedaron en manos de Sea Dragon Offshore Ltd., que había sido constituida en Islas Caimán, en el domicilio de Ugland House, donde están las oficinas de otras 18 mil empresas de ‘gaveta’, que sólo existen en el papel.
El 1% restante fue para su filial Sea Dragon Consulting Services Ltd., la cual se creó en Londres, en el número 34 de Park Street, que también corresponde a una oficina virtual compartida con más firmas.
“Hinojosa Puebla está metido hasta el cuello en esta simulación, porque su curriculum es un compendio de delitos patrimoniales.
“El director general de PEP tiene tras de sí una cadena con numerosos eslabones de corrupción y no sólo eso, desde el 2010 ya se ostentaba frente a los contratistas como futuro mandamás de la Empresa Productiva del Estado”, afirmó.
Incluso Ceballos Chávez tiene metidas las manos en todo lo que le rinda beneficios, ha convertido la gerencia a su cargo, en un negocio particular, reiteró.
No le importa hundir a Pemex, ni los miles de trabajadores que podrían quedar desempleados, su voracidad está enfocada a crecer más y más su cadena de zapaterías, señaló.
Puntualizó que ellos otorgan contratos a sus amigos, a cambio de fuertes sumas de dinero, que inflan gravemente los costos. Es urgente que se tomen medidas legales contra estos funcionarios, de otra manera, Pemex se va a seguir corroyendo.
Afirmó que uno de los objetivos de la reforma energética, es acabar con las cadenas de corrupción, cotos de poder al interior de Pemex, que se manejan como jeques árabes, y que elevan enormemente los costos de producción, porque finalmente toda esa podredumbre la termina pagando la empresa y con la caída del precio del petróleo, resulta insostenible.
Además no es justo, es que miles de trabajadores paguen las consecuencias, mientras que gente como Farrera Redondo y su esposa Matesanz Santamaría siguen amasando enormes fortunas al amparo del poder y trasladándolas a paraísos fiscales, mientras que Hinojosa Puebla y Ceballos Chávez siguen haciendo de las suyas, impunemente, concluyó.
Urge cortar carrera política de Matesanz
La carrera política de la corrupta diputada federal panista, Rocío Matesanz Santamaría, debe ser cortada de tajo, no basta con quitarle el fuero para investigarla por los negocios sucios hechos al amparo del poder, debe ir a prisión y ser inhabilitada de por vida para ejercer cargo público alguno, por el bien del erario y del pueblo carmelita.
Manifestó lo anterior Francisco Damián García, subsecretario de Jóvenes del Pueblo de Carmen contra la Corrupción, A.C., quien calificó a la legisladora como una persona a la que nada más le importa sus intereses personales y no de grupo.
Sostuvo que es bien sabido que contactó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos usando el poder que le confirió el pueblo para corromper todo lo que toca.
“Ciudadanos que le dieron su voto con la esperanza de que les ayudara en la mala situación por la que atraviesan, simplemente no la conocen”, subrayó.
Aseveró que los miembros de la asociación civil que representa han recorrido las comunidades del municipio para constatar que la gente no conoce a la flamante diputada federal, de hecho muchas personas ni siquiera saben que hay una en el Congreso de la Unión que debería de representarlos.
“Tampoco es posible localizar a la diputada en su casa de gestión, porque ahí brilla por su ausencia. Nunca llega a sus oficinas de ‘gestoría’”, advirtió.
Señaló que esto habla del alejamiento de esta persona hacia el pueblo y que ahora pretende seguir su carrera política, lo que significaría darle poder a una individuo que desconoce las necesidades, que nada más le importa buscar la manera de agenciarse de beneficios para ella y para su familia.
Además ella es un peligro que llegue a ocupar un nuevo cargo político, ya saben la clase de corruptos que son ella y su marido, entonces lo correcto es que la desaforen y la procesen por sus delitos, ambos deben ir a prisión, espetó.
Lamentó que a pesar de la crisis por la que atraviesa el municipio, cuando decenas de miles de trabajadores están desempleados por la debacle petrolera, cuando no hay recursos para invertir en desarrollo, la diputada federal, cuya tarea es velar por los intereses de los ciudadanos, sea exhibida como evasora de impuestos y lavadora de dinero.
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