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Más de siete años de cárcel a exedil

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El exedil carmelita E. I. G. L., y el extesorero F. M. R., fueron sentenciados a siete años y seis meses de prisión, a la inhabilitación a ocupar cargo público por el mismo lapso y a los pagos de nueve millones 281 mil 392 pesos y 55 mil 798 pesos 75 centavos, como reparación del daño y multa, respectivamente.

Dio a conocer lo anterior el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por David Bacab Heredia, presidente; Míriam Collí Rodríguez, relatora, y Pedro Brito Pérez, vocal, durante la audiencia de individualización de la pena realizada ayer en la sala de audiencias “Soberanía”, de acuerdo a la carpeta judicial 9/16-2017/TE.

A más de un año y dos meses de ser detenidos —el 27 de agosto del 2016— por peculado, los exservidores públicos municipales aún no regresarán al penal de Kobén, pues les quedan como recursos legales la apelación de la sentencia condenatoria y solicitar amparo directo o indirecto hasta llegar al Tribunal Colegiado de Distrito.

El 31 de octubre pasado, el exedil y extesorero fueron encontrados culpables del delito de peculado de nueve millones 281 mil 392 pesos, de un crédito de 241 millones de pesos. La audiencia de individualización de la pena inició el viernes 10 de noviembre.

Ese día, el Ministerio Público presentó tres testimoniales que argumentarían ante los jueces el impacto y el daño al erario. La autoridad ministerial se desistió de uno, por lo cual quedaron los testimonios del director de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), J. A. A. R. G., y de la subdirectora de la Secretaría de Contraloría, G. B. B. C.

Ayer concluyó la testimonial de la subsecretaria, en cuyos alegatos de clausura el Ministerio Público hizo hincapié en el grado de culpabilidad en su calidad de servidores públicos al momento en que se cometió el delito, y afirmó que la pena de ocho años nueve meses de prisión que solicitaban era idónea y les convenía más, y no la argumentada por la defensa basada en la reforma al Código Penal del Estado (CPE) de julio del 2017.

La defensa, a cargo de Alonso Román Cuevas Ocampo, calificó como impertinentes, sin sustento y ajenos los argumentos del Ministerio Público, y aseguró que la autoridad ministerial y los testigos que presentó sólo repasaron la acusación y no demostraron el daño al erario municipal, ni que sus defendidos se hayan beneficiado con los recursos, ni que violentaron la Ley de Deuda Pública.

Cuevas Ocampo anunció que hará uso de recursos legales para demostrar “la inocencia” de sus defendidos, y afirmó que el Ministerio Público busca exponerlos como enemigos de la sociedad carmelita.

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