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Suspenden reparto de gas LP por nuevo impuesto

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La ciudad se quedó sin reparto de gas licuado a presión para uso doméstico (LP) por culpa del alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus, al exigir a la empresa Gas Peninsular Z, un nuevo impuesto de 75 pesos por unidades para que puedan realizar trabajos de carga y descarga en la vía pública, lo que rechazan rotundamente.

Laurencio Augusto Medina Ávila, auditor de la zona Peninsular de la gasera señaló como inaceptable el cobro de este nuevo “impuesto” por parte del Ayuntamiento de Carmen, porque se vuelve insostenible pagarlo o de aceptarlo se tendría que trasladar al costo de cada cilindro y finalmente afectarían el bolsillo de las familias.

Por lo tanto, dijo, Gas Peninsular Z optó por parar sus 25 unidades de reparto y exhortar a los consumidores a tener que trasladarse hasta la planta, ubicada en el kilómetro 12, para llenar sus tanques con el carburante.

La empresa, sostuvo Medina Ávila, se encuentra establecida en la Isla desde 1996 y actualmente ofrece 35 empleos directos, los cuales podría ser cancelados si persiste esta política de acoso fiscal, lo que afectaría a igual número de familias.

Informó que el hostigamiento hacia la gasera inició con la visita de Israel Medina, jefe de ingresos de Tesorería Municipal el seis de diciembre, acompañado de Nicomedes de los Ángeles Ramos, director de Vialidad, para informarle que el Ayuntamiento exigía el pago de 75 pesos por unidad de reparto, o sea mil 875 pesos diarios y al año tendrían que desembolsar por este nuevo gravamen 684 mil 375 pesos.

“Lo toman o lo dejan y tienen 24 horas para informar si aceptaban”, fueron las palabras de los funcionarios, pero al negarse, enviaron a las patrullas de la corporación en un acto de acoso y hostigamiento a perseguir a los camiones de la compañía para multarlos y remitirlas al corralón, denunció, mientras mostraba una boleta de infracción, que se le impuso ayer.

El costo, aunque parezca factible para la compañía, representa un gasto que no estaba programado en su presupuesto, lo que genera un desbalance financiero que se vería reflejado en el precio final del kilo de gas.

O en su caso, despedir personal para minimizar gastos de nómina y solventar así los impuestos municipales que ahora exige la administración pública que encabeza Gutiérrez Lazarus.

Así, que la decisión que tomaron para no aumentar el valor del producto y no despedir personal, fue que sus unidades dejen de circular por la ciudad, pues es la única forma de evitar que se las envíen al corralón.

Pero incluso para una empresa tan grande como Gas Z esto representa pérdida económica, pues el reparto domiciliario constituye para ellos el 60 por ciento de su ingreso económico mensual.

Así que se espera aún más acciones por parte de los empresarios y comerciantes en contra de la política de terrorismo fiscal que actualmente genera el Ayuntamiento.

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