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Juicio mercantil contra Tesorería

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A través de juicio mercantil, la gasolinería Raymel demanda el pago de más de 500 mil pesos que el Ayuntamiento le adeuda por llenar los tanques de sus vehículos.

La negativa del alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus a pagar, motivó ayer en Tesorería una inspección judicial encabezada por la jueza segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil, Carmen Patricia Santisbón Morales, en busca de facturas.

Sobre las conclusiones, serán dadas a conocer a los involucrados. Por lo pronto, son agotadas todas las diligencias para dictar el acuerdo pertinente, dijo un empleado del Poder Judicial de Campeche, que se negó a ser identificado.

La juzgadora es esposa del diputado panista Silverio Baudelio Cruz Quevedo, en tanto la falta de pago incluye intereses generados de dos años, y el edil ha dicho que es otra herencia de su antecesor Enrique Iván González López.

En la diligencia participaron también el secretario del juzgado —no proporcionó nombre—, y Amador Puente Esparza, al parecer en calidad de abogado de Jorge Luis Munguía Ocampo, propietario de la estación Raymel, ubicada sobre la avenida Isla de Tris y calle Escárcega, adjunto al fraccionamiento Perla del Golfo.

Fue en la mañana cuando el secretario, bajo la orden de Santisbón Morales, llegó a la Tesorería para la inspección judicial que compruebe la existencia de facturas que la distribuidora de gasolina entregó en el 2016 a la Comuna en turno.

La finalidad es dar certeza a la jueza sobre la existencia de elementos para que Raymel sostenga y fundamente el reclamo del dinero, debido a que en la dependencia municipal se indicó ante la impartidora de justicia que el compromiso no está contablemente registrado.

Cabe recordar que en 2015, Munguía Ocampo realizó gestiones ante el entonces tesorero Carlos Arturo Flores Olán, para que la Comuna pagara, pero el munícipe respondió que no era su responsabilidad pagar pasivos que le dejó su antecesor González López.

Ante esta postura, el empresario gasolinero inició proceso judicial que tuvo como primera acción el embargo de cuentas bancarias de la Tesorería, para presionar a la autoridad a que pagaran los 500 mil pesos por la distribución de combustible.

Del embargo precautorio dio cuenta la extesorera Ligia Patricia Castillo Góngora, cuando intentó disponer del efectivo para pagar la nómina de la Dirección de Seguridad Pública, reportando el hecho al munícipe.

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