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Los Rosiñol Abreu siguen sin dar la cara a habitantes

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“A nosotros no nos afecta el corte de energía eléctrica”, fue la respuesta tajante que recibieron vecinos de la calle Alondra del Fraccionamiento Buenavista, de un representante de la constructora Proyectos Inmobiliarios del Carmen, S.A. (Proincasa), propiedad de los hermanos Jorge y Rubén Rosiñol Abreu.

Clara Zambrano Contreras, representante de unas 80 familias afectadas por la medida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunció que los desarrolladores de estas viviendas no han querido dar la cara, ante el problema de deuda de 950 mil tres pesos que se mantiene por suministro eléctrico.

Mientras tanto, los inconformes no pueden contratar servicio ante la empresa, que reclama liquidar este compromiso del que no tenían conocimiento.

“El ‘corte’ del suministro de energía eléctrica al fraccionamiento fue por incumplimiento de pago de la constructora de los hermanos Jorge y Rubén Rosiñol Abreu, a la empresa de clase mundial”.

“Desde hace tres años, cuando nos vendieron las casas, a cada propietario nos cobraron 15 mil pesos por trámites para contratación de servicios, pero ni la electricidad, ni el agua potable fueron pactados, pues hicimos contrato en el Smapac en una campaña que hubo, y con CFE hasta ahora no se nos regulariza”, detalló.

Sólo queremos —recalcó Zambrano Contreras—, que el martirio de estar en suspenso y sin servicio eléctrico termine, porque los desarrolladores no pagaron a la CFE, y que nos instalen los medidores para que cada quien pague lo que consume.

“Cómo es posible que el superintendente de la Zona Carmen, Erick Martínez Güemes, haya firmado documento donde hace constar que se recibió de la CFE la obra de la calle Alondra, que se le permitiera a algunos vecinos hacer contratos y que a menos de una semana de colocar medidores los retiraran”, se preguntó.

Zambrano Contreras recalcó que fue presentada una queja ante la Secretaría de la Función Pública, para que investigue estas anomalías que atentan contra el patrimonio de los afectados. “No se nos admite contratar el servicio, sin embargo, se permitió que los Rosiñol Abreu mantenga esta situación al margen de la ley”, recriminó.

Pedimos justicia a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que nos permitan contratar y pagar nuestros respectivos consumos y que sancionen a los servidores públicos y empresarios que perpetren anomalías en perjuicio de los usuarios, finalizó Zambrano Contreras.

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