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Prevalece corrupción en caso de naviera

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Luego de la reunión sostenida con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Senado de la República se abre la posibilidad de que Héctor Orozco Fernández, exdirector del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República y Amado Yáñez Osuna, sean investigados y encarcelados por actos de corrupción.

Manifestaron lo anterior Juan Carlos Medina Abreu y Gilberto Mendoza Huerta, coordinadores del movimiento de extrabajadores de Oceanografía, al señalar que esta reunión se sostuvo en la Ciudad de México, donde se entregó a los legisladores federales del expediente que integra todas las atrocidades que se han llevado a cabo, a lo largo del proceso por la lucha por sus liquidaciones.

Explicaron que desde diciembre entregaron más de 50 expedientes a diferentes instituciones del Gobierno de México, entre ellas a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación, en la que solicitaron un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para explicarle la corrupción alrededor del caso Oceanografía.

Por lo pronto derivado de estas gestiones, se programó la reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Senado de la República. Los senadores se quedaron asombrados que ante tanta corrupción que existió en el SAE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes sólo sirvieron al magnate Yáñez Osuna, comentó Medina Abreu.

Dentro de las irregularidades que se cometieron y que fueron solapadas por las autoridades, se encuentran liquidaciones con montos muy por debajo de la ley; intimidación, amenazas, tráfico de influencias y hasta lesiones contra los extrabajadores.

Indicaron que Yáñez Osuna, en contubernio con el juez federal, Felipe Consuelo Soto permitió sacar bienes de Oceanografía, del concurso mercantil para que fueran comercializados y evitar que fueran para el pago de liquidaciones a trabajadores y proveedores.

Señalaron que probaron ante los legisladores que en el 2018, Consuelo Soto fungiendo como juez federal, realizó un convenio en enero que sólo beneficiaba a Yáñez Osuna y que no cumplió con el porcentaje de los acreedores que debían firmarlo.

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