Han sido entregadas más de 100 denuncias contra Oceanografía, y existe el compromiso de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Senado de la República, de impulsar el legítimo pago de los finiquitos y liquidaciones de los más de cuatro mil exobreros.

Informaron lo anterior Juan Carlos Medina Abreu y Gilberto Mendoza Huerta, coordinadores del movimiento de extrabajadores de OSA, al manifestar continuar con las gestiones en la Ciudad de México, para presentar ante las autoridades federales las irregularidades a lo largo de diversos procesos judiciales.

“Como resultado de las pruebas que hemos presentado de la red de corrupción y mafia que tejió Amado Yáñez, y su negativa a pagar a los obreros lo que legítimamente les pertenece, también se abre la posibilidad de que Héctor Orozco Fernández, exdirector de SAE, y Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, sean llevados a juicio por actos de corrupción”.

Expresaron que en reciente reunión en la Ciudad de México, entregaron a los legisladores federales el expediente de todas las atrocidades perpetradas a lo largo del proceso por sus liquidaciones.

Desde un año hemos entregado más de 100 expedientes a diferentes instituciones del Gobierno de México, entre ellas la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, en que solicitamos dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicaron.

“Los senadores se quedaron asombrados ante tanta corrupción en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sólo sirvieron a Amado Yáñez Osuna y violentaron los derechos de cada obrero”.

Dentro de las irregularidades solapadas por las autoridades —continuaron—, destacan liquidaciones con montos muy por debajo de la ley, intimidación, amenazas y hasta lesiones contra extrabajadores.

Además, Yáñez Osuna, en contubernio con el juez federal separado Felipe Consuelo Soto, permitió sacar bienes de la Oceanografía para comercializarlos pese a que correspondía al pago de liquidaciones a trabajadores y proveedores.

Hemos probado ante los legisladores federales que en el 2018, Consuelo Soto, fungiendo como juez federal, realizó convenio en enero que sólo benefició a Amado Yáñez, pues no cumplió con el porcentaje de los acreedores que debían firmarlo, finalizaron.