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Ilegal asesoría del exauditor Pacheco

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Como asesor externo de la Comuna de Carmen, Jorge Martín Pacheco Pérez, extitular de la Auditoría Superior del Estado (Asecam), aprovechó información privilegiada y confidencial en la revisión de cuentas públicas, para obtener un millón 400 mil pesos en contratos.

Denunció lo anterior la diputada local María Sierra Damián, y aseveró que el exauditor es mal ejemplo de servidores públicos que se han beneficiado económicamente con datos confidenciales y privilegiados.

Y agregó: “Después de 14 años a cargo de la revisión de cuentas públicas de tres exgobernadores, de nueve trienios, de 11 alcaldes y de organismos descentralizados autónomos, Pacheco Pérez, que dejó el cargo en el 2018, violó los principios constitucionales de legalidad y confidencialidad”.

“Sin esperar que transcurriera un año tras dejar la Asecam, se convirtió en proveedor de servicios profesionales en materia legal y contabilidad de la Comuna de Carmen, que en el 2019 le otorgó mediante adjudicaciones directas contratos por un millón 400 mil pesos”, refirió.

Se trata —continuó la legisladora—, de un beneficio ventajoso, pues sabía la problemática de las cuentas públicas de su nuevo patrón, debido a que fungió como auditor estatal hasta el 2018, lo que se puede catalogar como acto de corrupción y tráfico de influencias, es decir, infringió la ley.

Por esta razón, hay que reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, pues así se evitará que funcionarios públicos de primer de la Asecam que dejen el cargo incurran en el “chapulineo laboral” o negocio particular mediante contratos con entidades públicas a quienes revisaron cuentas.

Par salvaguardar los principios de confidencialidad, evitar conflicto de intereses y erradicar cualquier indicio de corrupción —dijo para finalizar Sierra Damián—, propongo modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, para establecer que el extitular de la Auditoría Superior del Estado (Asecam) y directores, después de tres años de dejar el cargo, tengan prohibido laborar o prestar servicio profesional en dependencias o entes públicos cuyas cuentas públicas revisaron por ley.

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