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Todo el peso de la ley a Gutiérrez Lazarus

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Aplicar todo el peso de la ley al exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus por la presunta corrupción, latrocinio y mal manejo de recursos documentados por la Auditoría Superior del Estado (Asecam), e inhabilitarlo, exigieron diputados locales de Morena, Nueva Alianza e independiente a las fiscalías General del Estado (FGE) y Anticorrupción.

El independiente Luis Alonso García Hernández, el morenista Ricardo Sánchez Cerino y el aliancista Óscar Eduardo Uc Dzul, pidieron a dichas instancias combatir la corrupción y hacerle justicia a los carmelitas por el saqueo a las arcas municipales, para que no quede impune.

Tan sólo en la cuenta pública del 2018 —expuso García Hernández—,  la Asecam detectó irregularidades por 65 millones de pesos, entre erogaciones injustificadas, gastos no comprobados, faltas de enteros en la retención de impuestos, abuso en la asignación del tabulador de sueldos y pago excesivo por obras.

“Durante el desgobierno del panista Gutiérrez Lazarus se vivieron la peor ingobernabilidad, la corrupción y los desvíos de recursos, así está asentado en las auditorías de la Asecam y no puede quedar impune, que le apliquen todo el peso de la ley. Sin embargo, parece que la Fiscalía Anticorrupción y la FGE no han hecho bien su trabajo o tienen interés en protegerlo para que no pise la cárcel”.

Para Sánchez Cerino, la exautoridad tiene que pagar por el daño a los carmelitas, y encima se burla de la ciudadanía al vociferar que regresará pero no lo que robó, sino a la alcaldía. “El pueblo tiene memoria y le recordará y cobrará sus desatinos”.

Es un ciudadano más que debe ser juzgado por quedarse con algo sagrado: el dinero del pueblo. Que se haga justicia y le apliquen todo el peso de la ley, para lo cual las autoridades deben investigar a fondo y dar resultados si desean recuperar la credibilidad, apuntó.

Uc Dzul indicó que además de la vía penal, el exedil debe ser sometido a procedimiento sancionador administrativo para que sea inhabilitado para desempeñarse en la administración pública municipal, por las presuntas irregularidades y daño a las finanzas públicas, en perjuicio del pueblo.

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