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Afectaciones por fin de contrato a PASA

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La finalización del contrato de 15 años entre Promotora Ambiental de la Laguna S. A. (PASA) y el Ayuntamiento de Carmen dejará importantes afectaciones, no sólo por el despido de aproximadamente 300 trabajadores, sino porque la Comuna adeuda unos 40 millones de pesos.

Afirmó lo anterior el noveno regidor Haryl Sánchez Espinosa, al argumentar que tras la última reunión con directivos de PASA, supo que ésta cerrará el relleno sanitario el 16 de noviembre, tras el término de la concesión, toda vez que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) está a su nombre pero el terreno es propiedad del municipio.

“La MIA está a nombre de PASA, entonces ellos dicen que cierran porque ya no se quieren hacer responsables. De lo que pase a partir de ese día no serán responsables, y jurídicamente se amparan, si ellos quieren pasar porque es su terreno, pues adelante, pero ahí se están ganando una multa facilísima por parte de Profepa”, expuso el cabildante.

Al no existir claridad sobre la situación, la conclusión del contrato derivará en problemas ambientales severos. “Nos vamos a ganar una multa de a gratis por experimentar, por no saber, por no llevar un tema como este con tiempo”, señaló en referencia a la forma que emplea la Comuna para concluir la concesión heredada por Jorge Rosiñol Abreu.

El regidor agregó que el Ayuntamiento mantiene atraso en los últimos dos meses por el servicio —equivalente a casi 10 millones de pesos—, y de 30 millones más derivado de las deudas heredadas por Araceli Escalante Jasso y Enrique Iván González López, lo que hace una suma de unos de 40 millones.

Si el contrato concluye y no se salda el pendiente, habrá problemas legales para la Comuna, que al no cumplir lo heredará a la próxima administración, añadió.

“Hay una deuda efectivamente de 30 millones de pesos, más los dos meses pasados, entonces si el día de la conclusión del contrato dice el presidente municipal: no, pues váyanse con todo y deuda, seguramente entrará el jurídico de PASA con una demanda”.

Directivos de la empresa se mantienen en incertidumbre, porque en caso de que el gobierno rosista le diga que siempre no la necesita, deberá iniciar el proceso de término de relación laboral con más de 300 empleados, es decir, de un día para otros cientos de familias se quedarán sin ingresos.

Ante la negativa del Gobierno Municipal de darles información, Sánchez Espinosa dijo que urge saber cuáles son las intenciones del alcalde Óscar Román Rosas González, de lo contrario, independientemente de los problemas legales que vaya a traer, habrá grave contaminación.

“Una cosa es la recolección de basura y otra verter la basura en el tiradero, donde se necesitan protocolos, lo saben, un proceso de impacto ambiental y cumplir con normas que no hay en el Ayuntamiento”.

De actuar a la ligera, como administración estaríamos realmente ocasionando una contaminación de magnitudes catastróficas, y todo por no saber, por  experimentar y ahorrar unos pesos. Ahora que si una compañía privada se hará cargo, que nos diga cuál, señaló.

Por último, argumentó que si es una realidad que quieren concesionar el destino final de los desechos, deberá informarles del proceso de licitación, porque si hay algo amañado sería triste que cuando se tuvo la oportunidad de hacer cosas positivas para Carmen, todo se venga abajo por la terquedad del munícipe Óscar Rosas.

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