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Que investiguen fiscalías a líderes

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Además del abandono en materia de salud que padecen los petroleros, ahora funcionarios de las secciones 42 y 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) continúan exigiendo a los obreros entre 10 mil y 20 mil pesos, para subir a plataformas marinas en la Sonda de Campeche.

Al denunciar lo anterior, Gibrán Castro Martínez, secretario de Comunicación de la organización Por la Defensa de Pemex, solicitó a las fiscalías General del Estado de Campeche (Fgecam) y General de la República (FGR), integrar denuncias que existen en su poder contra varios líderes.

Un claro ejemplo, expuso, es que en 2018 el fiscal general del Estado de Campeche, Juan Manuel Herrera Campos, confirmó la existencia de denuncias contra Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, y dio a entender que por las cantidades de dinero que se manejan podría dar vista a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“La acusación de lavado de dinero contra Kidnie de la Cruz deriva de las enormes ganancias que percibe por la subida de cada obrero, quien después de concluir su jornada laboral debe ‘rasurar’ su sueldo”.

Sería importante saber dónde quedaron las denuncias contra este dirigente, porque el fiscal estatal informó que había alrededor de seis denuncias por el delito de fraude, y podrían incrementarse porque otras personas insistían en interponer querella, recordó Castro Martínez.

“A los obreros les llueve por todos lados, porque si no se enferman de Covid tienen que pagar diezmo y hasta viáticos, debido a los acuerdos con quienes trafican contratos”.

Ellos no son culpables, la necesidad los hace aceptar ese tipo de tratos fraudulentos, y cuando se quejan les va peor, porque altos funcionarios de Pemex provenientes de la 4T también colocan en puestos claves a sus parientes, agregó.

Y sentenció: “La complacencia de los funcionarios de las secciones 42 y 47 ha llegado al grado de tolerar que no haya pruebas rápidas de detección de Covid, y tampoco reclaman la pésima atención que se brinda en el hospital de Pemex”.

En términos generales, se puede decir que la corrupción que pensaba extirpar la 4T, no sólo se quedó, sino permeó en todas las estructuras laborales, lo que incluye al área de salud, lamentó Castro Martínez.

“Hasta ahora el combate a la corrupción en Pemex ha quedado en el discurso, pues mafia petrolera sigue al frente del otorgamiento de contratos y de los recursos humanos. Los cambios sustanciales y de fondo no se han dado”.

Estas redes de corrupción permiten a los líderes del sindicato petrolero utilizar a “corredores”, quienes otorgan contrato a cambio de moches al bajar de guardia.

Aunque estos pagos quincenales se dan bajo “acuerdo” en el Contrato Colectivo de Trabajo, el mayor perjuicio se da sobre el trabajador transitorio, que de manera desesperada se somete al capricho del funcionario sindical, finalizó.

 

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