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Hasta 22 años de cárcel para exedil

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Por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, el exalcalde Pablo G. L., el extesorero I. M. P., y la exdirectora de la Unidad Administrativa, G. del C. G .C., fueron vinculados a proceso el martes pasado, y podrían alcanzar penas de hasta 22 años de prisión.

A los tres los acusan de pagar honorarios por trabajos no realizados a la empresa Strategis Legal/R.C., lo que generó deuda de 586 mil pesos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La carpeta de investigación fue integrada por personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y enviada al juzgado de Control del segundo distrito judicial, donde iniciaron el expediente 56/20-2021/JC-II.

Aunque enfrentarán los cargos en libertad, no pueden salir de la entidad sin autorización del juez, y podrían ser encarcelados si otra investigación penal llega a los juzgados de Control de Carmen y son vinculados a proceso.

El presidente de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Campeche (PJE), José Antonio Cabrera Mis, descartó que estén bajo arraigo o en arraigo domiciliario, como falsamente ha sido difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación.

En este caso implica medida cautelar en libertad con la restricción de no salir del Estado durante seis meses. El arraigo como tal en término del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es diversa a la medida cautelar señalada, refirió.

“Son dos cosas totalmente diversas —continúo—, no tiene ninguna relación y en las entidades federativas las autoridades judiciales locales no pueden imponer el arraigo”.

La audiencia de vinculación a proceso se realizó de manera virtual, de 2 de la tarde a 8 de la noche, tras vencer el plazo del término constitucional, recurso que Pablo y los demás imputados solicitaron en la audiencia inicial de la semana pasada.

La dilación de las diligencias judiciales obedeció al debate entre el Ministerio Público y la defensa, tanto en la formulación de la acusación como la medida cautelar a imponer.

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