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Castiguen a quien no pagó cuotas al IMSS

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Al asegurar que el Ayuntamiento deberá buscar la gestión de recursos para garantizar los salarios de los trabajadores municipales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, pidió a las autoridades federales aplicar la ley a quien no pagó oportunamente la cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo cual atentó contra la salud de los obreros.

Luego que la Comuna diera a conocer el procedimiento iniciado para retener 20 millones de pesos de las partidas presupuestales, “que pondría en difícil situación económica a la administración municipal”, el dirigente sindical expuso que se tendrán que buscar los mecanismos para que no se afecte a la base trabajadora.

Este adeudo es resultado de la mala administración de recursos públicos de la gestión del exalcalde Pablo G. L., “la cual puso en grave riesgo el servicio médico, no sólo de los trabajadores, sino también de sus beneficiarios”.

“Tenemos entendido que se trata de una deuda superior a los 300 millones de pesos, correspondientes a las cuotas retenidas a los trabajadores pero no pagadas en tiempo y en forma al IMSS”.

Urueta Moha lamentó que mientras los responsables de este problema están tranquilamente buscando candidaturas y cobijo de partidos políticos, los trabajadores están preocupados por la posibilidad de que sus salarios se vean afectados por la retención de recursos a la Comuna.

“Hacemos un exhorto a las autoridades federales, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a quienes correspondan, a investigar para determinar quién es el responsable de esta situación, quién realmente no cumplió sus obligaciones fiscales y castigarlo conforme a derecho”.

Urueta Moha sostuvo que quien haya hecho mal uso de recursos públicos, debe pagar y devolver lo que sustrajo, sin que ello afecte a la clase trabajadora, que diariamente cumple con su labor en las obras y servicios que se brindan a la población.

Se ha tenido el tiempo suficiente para investigar, realizar los expedientes y llevarlos a proceso, por eso corresponde a la Federación aplicar la ley en lugar de cobijarlos bajo argumentos políticos y partidistas, finalizó.

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