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Clausuran casas de playa en carretera

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Cinco casas de playa que estaban en proceso de construcción en el kilómetro 26 de la carretera Carmen–Puerto Real, donde existe un asentamiento masivo desde meses atrás, fueron clausuradas y suspendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que contravinieron la legislación ambiental y carecen del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), cambio indebido de uso de suelo y otros daños que causaron.

Del total, a cuatro de las palapas se les colocó los sellos de suspensión bajo el artículo 420 del Código Penal Federal, en el que se impone una sanción de hasta nueve años de prisión por afectar un área natural protegida, con fines comerciales y una de ellas con sellos de clausura definitiva.

Dichas suspensiones fueron registradas bajo los folios PFPA/11.3/2.C.27.5/00169-21-01, PFPA/11.3/2C.27.5/00168-21-01, PFPA/11.3/2C.27.5/0171/21-01 Y PFPA/11.3/2C.27.5/0167/21-01.

En tanto, una casa de playa que se utilizaría como sala de fiesta fue clausurada de manera definitiva bajo la reseña PFPA/11.3/2C.27.5/0141/21, por la falta de permisos y posesión ilegal del predio.

Además de ello, se pegó en cada uno de los predios una orden de inspección en materia de impacto ambiental. El documento explica que —las clausuras— son derivadas de una observación realizada a principios de este mes por parte de inspectores de la dependencia.

La acción de la Profepa obedece a la construcción de obras y actividades que afecten humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, que puedan causar desequilibrio ecológico y daños irreparables, citan los documentos pegados.

En algunos oficios, exhortan a los representantes legales, propietarios, responsables de las obras, a estar pendientes para próximas visitas que realizarán, pues iniciarán las investigaciones por el daño ecológico que se produjo en la zona.

Sobre las clausuras y advertencias, Miguel Benítez Heredia, presidente de Ecovigilantes del Carmen, A.C., afirmó que esa acción fue motivada por la presión social que existe ante la privatización y daño a la playa, así como las sospechas de que el despacho de Semarnat está coludida.

Aún faltan otros 65 predios que deben ser clausurados o suspendidos, porque promovieron esas construcciones ilegales, ya que no cuentan con ningún permiso, salvo en que acordaron con alguna inmobiliaria que trafica ese lugar.

Sostuvo que esos terrenos que tienen un costo superior a los 350 mil pesos, carecen de documentación legal, porque en el caso de la palapa para fiestas, se encuentra a unos cuantos metros de las torres de CFE, además de que tiraron los muros de contención que colocó la Semarnat.

El trabajo que realiza la Profepa es deficiente, porque las denuncias se presentan y actúan a destiempo. Ya es hora de que apliquen la ley sin distingo. Aquí simplemente aplica el refrán de que “el que siembra en terreno ajeno hasta la semilla pierde”.

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