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Solapa la Profepa a Juárez y Cerino

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) protege al empresario Hugo Juárez Lara, dueño de la empresa All in Services y al diputado morenista, Ricardo Sánchez Cerino, quienes poseen predio y palapa en terrenos federales, sin Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), uno de varios requisitos para apropiarse de esa franja.

Señaló lo anterior Haryl Kenny Sánchez Espinosa, noveno regidor panista, al referirse a las clausuras que realizó la dependencia federal, pero que no tocó a estos influyentes carmelitas, que ni siquiera fueron amonestados.

De acuerdo al cabildante, el empresario y el legislador cuentan con un predio en los alrededores del kilómetro 29, sin embargo, para ellos no hubo acción legal de la Profepa en su contra.

De Juárez Lara, dijo que es hermano de la presidenta del patronato de Casa Hogar San Pedro Pescador, involucrada en un ataque sexual contra una menor, y cuñado del dueño de la empresa S.O.S., Carlos Alberto Figueroa Rueda, quien tiene concesionada la basura por 15 años.

Acerca del legislador Sánchez Cerino, expuso que todos saben que es morenista, y que esta nueva administración su hija formará parte del nuevo Cabildo, lo que le permitiría ventaja al momento de regularizar su predio en terrenos federales.

 

CULPABLE

El problema del crecimiento anárquico en esos sitios, es derivado a que la Profepa no clausura y menos inicia investigaciones en todas las casas de playa que fueron construidas sobre la carretera Carmen–Puerto Real, a partir del kilómetro 25 hasta el 36.

Sánchez Espinosa afirmó que la mayoría de estos predios fueron entregados entre 2017 y 2018 a parientes y amigos cercanos de funcionarios municipales y estatales, diputados locales, así como empresarios de renombre en Carmen, y por esa razón la dependencia federal no actúa para fincar responsabilidades.

Advirtió que la Profepa únicamente suspendió cinco obras en esa zona, para calmar el descontento social que se generó por la privatización de las playas carmelitas, destrucción del medio ambiente y escolleras, aunque, dichas obras podrán reactivarse si quienes se apoderaron de esos predios pagan una multa.

Además la delegación de Profepa en Campeche no aplica la ley, porque las otras 65 construcciones que llegan hasta el kilómetro 36 están en las mismas condiciones. A la vista existe un daño ecológico, pero prevalece el amiguismo e influyentísimo, recalcó.

“La Profepa debe medir con la misma vara a todos, no puede ser posible que clausure a algunos, cuando todos sabemos que esos terrenos fueron concesionados de una manera irregular”.

“No entiendo si ellos, tienen una venda en los ojos o por qué no se dan cuenta del daño ambiental que provocan al permitir estas construcciones, esta acción fue una burla”, mencionó.

El cabildante acusó a la dependencia federal de recibir moches, para evitar que se haga justicia por la invasión y destrucción de esta zona, donde el impacto de un fenómeno meteorológico arrasará con lo que edificaron.

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