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Vinculan a yerno de Sierra con venta de terrenos federales

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Las invasiones a terrenos federales en la franja costera del kilómetro 30 de la carretera federal 180, tramo Ciudad del Carmen-Isla Aguada, son actos de corrupción y tráfico de influencias, ya que uno de los presuntos vendedores de estos lotes es Adib Kuri Damaco, yerno de la diputada federal por Morena, María Sierra Damián, lo cual debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias”, afirmó Gerardo Barrera May.

El coordinador estatal del Frente Nacional Socialista Institucional Mexicano en Campeche observó que ante el riesgo de perderse cuantiosas inversiones que han hecho algunos particulares al construir lujosas palapas, ahora los posesionarios quieren de vuelta su dinero.

En esos predios donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó el retiro de las bardas que afectan el derecho de vía, para evitar llegar a juicios penales, los presuntos concesionarios han dicho que uno de los vendedores de esos terrenos fue Adib Kuri, yerno de la diputada.

“Los afectados han revelado que en presunto vendedor habría pedido que le dieran tiempo para superar los problemas que se han presentado, ante la denuncia de la privatización de estas zonas de playas, para lo cual, estaría utilizando el peso político de su suegra, la diputada federal morenista”, indicó la fuente.

Los costos de estos predios oscilaron entre los 300 mil y el millón de pesos, y fueron solicitados antes y después de que ganara Sierra Damián. Según los denunciantes, bajo la presunción de la morenista tiene el cobijo de la 4T, el monto aumentó considerablemente, para dar solución al problema que enfrentan, mencionó.

“Las personas con que hemos tenido contacto, que compraron predios en este sector, expusieron como los presuntos vendedores a Adib Kuri, Carlos Yáñez e inmobiliaria Re Max, podrían estar implicados en el millonario fraude”, dijo.

Explicó que además de los recursos pagados a los presuntos vendedores y las lujosas construcciones que se realizaron, ahora esos propietarios podrían enfrentar conflictos legales y penales.

Hoy, los propietarios de al menos 60 predios ya fueron notificados por la SCT que deben retirar de manera inmediata las bardas, que obstruyen el derecho de vía de suelo; mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían entablar procesos penales por el mismo delito.

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