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Piden ceder a familias los terrenos de la SCT

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En la sesión de ayer en el Congreso local, fueron turnados a comisiones un punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ceda los terrenos aledaños al aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen, ocupados por asentamientos humanos de la colonia Santa Rosalía, y la iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

La legisladora morenista Landy María Velázquez May, exhortó a la SCT y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a desincorporar de su patrimonio los terrenos ocupados con fines de asentamientos humanos en Rosalía, para iniciar la escrituración a favor de esas familias.

La concesión de los gobiernos neoliberales prianistas —expuso—, hizo posible ceder terrenos federales de la terminal aérea bajo el dominio de la SCT a la paraestatal llamada ASA, para establecer en terrenos adyacentes franquicias nacionales y extranjeras, sin embargo, no autorizó desincorporar los predios que la sobrepoblación urbana local ocupó como demanda de vivienda digna, establecida en la resolución 217-A, fracción tercera, declarada en la Carta Universal de los Derechos Humanos.

“Es de todos conocida la negativa a otorgar un patrimonio a los hijos bien nacidos en Santa Rosalía, por eso exhorto a la SCT a resarcir ese derecho a que tienen los fundadores de esta colonia, amparados en el marco jurídico que les da prerrogativas legales sobre sus lotes con más de 10 años de establecidos; más aún, cuando ya han fomentado un patrimonio familiar por más de 30 años para sus nietos en los espacios de dichos predios”, justifica en el punto de acuerdo.

Mientras tanto, con la iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, promovida por la también morenista Genoveva Morales Fuentes, se pretende perfeccionar el uso de los sistemas informáticos, no sólo para solicitar información requerida en las auditorías, más bien para ampliarlo a todo el sistema de fiscaliza.

En asuntos generales, Mónica Fernández Montúfar pidió aumentar los recursos en materia educativa para el Estado; Noel Juárez Castellanos promovió la iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios; Adriana del Pilar Ortiz Lanz propuso reformar el Código Penal del Estado, para armonizarlo con el federal; y Dalila del Carmen Mata Pérez solicitó el respaldo de la gobernadora Layda Sansores, a fin de incrementar el presupuesto del Instituto de la Mujer de Carmen.

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