La Fiscalía General del Estado ha encabezado dos operativos arbitrarios de desalojo en contra de más de 150 familias de la región de Sabancuy, hecho que deja entrever que las medidas tomadas con todas las fuerzas de seguridad, se debe a que los terrenos o son del Gobierno del Estado o de amistades de algún alto funcionario.
Afirmó lo anterior el décimo primer regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Carmen Cruz Hernández Mateo, y exigió la intervención de diputados del Congreso del Estado, para que exijan al fiscal Renato Sales Heredia una explicación del por qué de actos sin presentar documentación que avale el ordenamiento de un juez.
El cabildante se refirió a las dos intervenciones de la autoridad: primero el viernes 11 de marzo en el predio Las Palmas, ubicado en la carretera federal 180, entre los kilómetros 69 y 70 del tramo Carmen-Campeche; y el del jueves en El Álamo, en la carretera federal 259 Adolfo López Mateo, entre Chekubul y Chicbul, que las consideró fuera del marco de la ley.
“Es lamentable esta situación, sobre todo que no se actúe apegados a derecho, pues no siguen siquiera los procedimientos debidos. Sin duda tiene que ser alguien que está metido en el Gobierno, o que los lugares invadidos sean de gente amiga de la nueva administración, no hay otra respuesta a eso, pero esto tiene que ver desde la Fiscalía del Estado”.
“Es controversial el tema, pues por la intervención de la Guardia Nacional pareciera que son terrenos federales, pero debieron exhibir el ordenamiento a los desalojados, de lo contrario, se trataría de intereses del Gobierno Estatal, que solicitó apoyo a la Federación para recuperar sus predios o el de sus amigos presuntamente afectados”, subrayó.
Hernández Mateo mencionó que como regidor y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hará llegar las evidencias pertinentes a integrantes de Movimiento Ciudadano, partido en el que milita, para que suban a tribuna y exijan explicación sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado en el desalojo de alrededor de 150 familias de dichos terrenos, ubicados en las inmediaciones de Sabancuy.
Para concluir, prometió buscar acercamiento con los afectados, para determinar con apoyo legal si será necesario realizar algún procedimiento ante la Visitaduría regional de Derechos Humanos, por alguna probable violación a sus garantías en este actos judiciales.
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