Corrupción en contratos de Pemex para Cotemar

Pese a los señalamiento de irregularidades en su contra y protagonizar tragedias, Cotemar —en su momento apadrinada por Emilio Lozoya Austin— y sus filiales seguirán en la órbita de las multimillonarias concesiones del sector público, particularmente en lo que a la explotación petrolera se refiere, hasta pasado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con investigaciones del portal de noticias Reporte Índigo, la firma fundada por el fallecido Mario Dávila Dávila y hoy dirigida por Alejandro Villarreal Martínez, creció durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón y llegó a ser la segunda concesionaria más beneficiada por contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), hasta el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Una de las últimas maniobras de Lozoya Austin antes de dejar la Dirección General de Pemex en febrero de 2016, fue la adjudicación directa de cuatro paquetes para mantenimiento de instalaciones fuera de la región marina. Fueron contratos vigentes con Cotemar hasta diciembre de 2020, en una primera instancia.

Con el relevo en la petrolera nacional, el nuevo titular y a la postre secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, ordenó el término anticipado de los contratos 648235806 y 648235809. Sin embargo, se mantuvieron con vida los convenios 648235807 y 648235808, correspondientes a los paquetes 10 y 13, respectivamente.

En julio del año pasado, Cotemar ganó las licitaciones para brindar servicios especializados en los barcos procesadores de fluidos Olimpo, Atlas, Saturno y Tauro.

Aunque la administración de Enrique Peña Nieto concluyó y Emilio Lozoya se dio a la fuga, en julio de 2021, a tres años de iniciar las gestiones del presidente López Obrador y del director Octavio Romero, Pemex Exploración y Producción (PEP) decidió ampliar estos dos contratos por 13 mil 537 millones 702 mil 939 pesos, hasta diciembre de 2025.

La ampliación se dio cuando Lozoya era aún testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR). Cuatro meses después ingresó al Reclusorio Norte, bajo cargos de lavado de dinero relativos a la compra de Agro Nitrogenados y de asociación delictuosa por su participación en la trama Odebrecht. Ahora se alista una tercera denuncia por defraudación fiscal.

Esta ampliación contrasta con la postura de la Auditoría Superior de la Federación, que ha recomendado la inhabilitación de Cotemar como proveedor de la administración pública federal, tras no encontrar evidencia de que fue concretado uno de estos contratos, el 648235808, por más de nueve mil millones de pesos, así como el cancelado 648235809.

Las ampliaciones pasan sobre la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), pues aún durante el último año de Peña Nieto, la dependencia entonces a cargo de Arely Gómez inició investigaciones sobre los posibles desfalcos de Cotemar, las cuales han seguido al menos hasta el año pasado.

Es decir, las investigaciones sobre Cotemar pasaron por las manos de la última titular de la SFP del Gobierno de Peña Nieto y por las de Irma Eréndira Sandoval y Roberto Salcedo, los dos secretarios de la Función Pública que ha tenido López Obrador, no obstante, no ha habido definición alguna y la firma sigue recibiendo contratos.