Tribuna Campeche

Diario Independiente

Ordena juez devolver a la empresa Iner Servicios bienes incautados

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Tras 11 años de que la entonces PGR, con el uso de la fuerza intervino y aseguró la empresa Iner Servicios, S. de R.L. de C.V., propiedad de José Farrera Redondo e Ivette Aguirre Méndez, porque supuestamente violaron la Ley de Derechos de Autor al fabricar tapetes de concreto sin permiso, finalmente un juez ordenó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) entregue todos los bienes confiscados a los empresarios.

De acuerdo a la síntesis sobre la causa penal 133/2010 resuelta en el Juzgado Primero de Distrito de Campeche, Submarelher, S. de R.L. de C.V., presentó ante la entonces PGR, una denuncia en contra de José Farrera e Ivette Aguirre, por la “reproducción, venta y almacenamiento no autorizado de obras de arte”, denominados tapetes de concreto flexible.

Cabe mencionar que a partir de junio de 2010, la violación a los derechos de autor se tipificó como delito penal en México, y desde ese momento inició la persecución contra empresas fabricantes de tapetes de concreto, como lo hacía Farrera Redondo y Aguirre Méndez.

En el largo caminar legal, para el 3 de diciembre de 2018, José Farrera e Ivette Aguirre –empresarios agraviados por las acusaciones y los aseguramientos de la PGR—, finalmente obtuvieron una sentencia absolutoria, la cual resolvió el Tribunal Colegiado de Trigésimo Primer Circuito.

Sin embargo, hasta marzo de 2022, el juez primero de Distrito en el Estado de Campeche levantó el aseguramiento de los bienes incautados y decomisados, ordenando su devolución a favor de Farrera Redondo y su socia Ivette Aguirre.

Ese caso concluye después de casi 12 años, y aunque nunca debió  comenzar, siempre se usaron los mismos argumentos que presentaron al inicio del proceso, que al final un juez desestimó.

Al respecto, José Jesús Hernández de la Cruz,  representante de la Organización de Trabajadores Campechanos, quien tenía obreros laborando en esa empresa, dentro de la causa penal 133/2010, no existió violación a la Ley Federal del Derecho de Autor, sino más bien se trató de un crimen fabricado con alevosía y ventaja, donde se pretendía eliminar del mercado a la competencia.

La Ley Federal del Derecho de Autor es clara en México, no se puede obtener una patente de derecho de autor para un “producto industrial”, como lo es una colcha de concreto articulada.

Las matrices articuladas de concreto no pueden considerarse como una “obra de arte”, porque estas son utilizadas para el estabilizado de ductos marinos, así como para el control de erosión en vías de agua.

Recordó que a pesar de la inaplicabilidad de la mencionada ley, la empresa Submarelher, quien denunció, junto a varios cómplices, corrompieron y manipularon a las autoridades durante todo este tiempo.

Submarelher y socios deben ser responsables y bloqueados del mercado por los daños económicos y morales que causaron a sus competidores, y gracias a la corrupción y prácticas ilegales, consideró.

Puntualizó que desde el 2012, Submarelher, fabricante de tapetes de concreto flexible, se convirtió en un poderoso monopolio subcontratista, pero fue por medio de una compleja maquinación para eliminar a otros competidores y quedarse con las adjudicaciones directas de Conagua y Pemex.