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Investiguen a fondo a los defraudadores

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¿POR QUÉ ASECAM NO DETECTÓ EN 2020 LA ANOMALÍA?: DURÁN

La investigación que se sigue contra 16 personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), por el presunto desfalco de 56 millones de pesos, debe ampliarse a los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (Asecam) que en el 2020 revisaron las cuentas de la máxima Casa de Estudios, “sin percatarse de la anomalía”.

Reina del Carmen Durán Méndez, secretaria del Frente de Abogados Jóvenes de Carmen, destacó el trabajo de la Contraloría General de la Unacar, al descubrir y poner en el banquillo de los acusados a los presuntos defraudadores, quienes del 2020 al 2022 “ordeñaban” las cuentas.

“Es inconcebible que en el 2020, los auditores de la Asecam hayan revisado las cuentas de la Unacar y no detectaran esta red de corrupción, lo que de haber denunciado a tiempo habría evitado un desfalco tan millonario como el existente”.

El modus operandi de esta red de corrupción —recordó—, era fingir juicios laborales que supuestamente perdía la Unacar, por los cuales debía pagar los laudos fijados por las autoridades correspondientes, acciones comprobadas con documentos falsos.

“Según información con la que contamos, Isabel M.C., que fungía como tesorera de la Unacar, era la encargada de aprobar el pago de los supuestos laudos por sumas importantes, que extraían mediante transferencias de tres cuentas bancarias de Santander, y que suman unos 56 millones de pesos”.

Durán Méndez detalló que estos actos de corrupción fueron cometidos por el contubernio de la tesorera con José Yovani M.S., quien en su calidad de coordinador de Evaluación Fiscal y Contable, cubrió la millonaria fecharía.

“Las autoridades deben llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias, ya que incluso se menciona que en medio de esta red de corrupción hay un miembro de Morena que estaría vinculado con la exdelegada de la Secretaría Federal de Bienestar, Katia Meave Ferniza”.

“Que se cumpla el discurso de que nadie está por encima de la ley, para lo cual habrá que vigilar de cerca el avance de las indagatorias, y cuándo deberán comparecer los involucrados”, expresó.

Independientemente de la sanción penal a aplicar —puntualizó—, lo que debe buscar la Unacar es la reparación del daño, pues se trata de recursos públicos destinados a la educación, lo cual no se debe perder de vista.

“Desafortunadamente, como no hubo flagrancia los presuntos responsables siguen gozando de la libertad hasta que comparezcan ante un juez de Control, y que la Fiscalía lo solicite”.

Por último, indicó que el rector de la Unacar, José Antonio Ruz Hernández, está obligado a exigir a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra los presuntos defraudadores y cómplices.

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