Tribuna Campeche

Diario Independiente

Esta semana se deberá definir si cerrarán Junta de Conciliación 52

Da click para más información

INTOLERANTE PREVISIÓN SOCIAL: ABOGADOS

En tanto mantienen guardias a las puertas de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje 52, los abogados laboralistas aseguran que esta semana será determinante para definir la pretensión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de cerrarla y trasladar los expedientes a la capital del Estado.

A nombre de ellos, Ana María Alderete Paredes, expuso que Previsión Social mantiene su postura de no dar respuesta a los planteamientos presentados a la Comisión que dialogó con ellos, en tanto no sean reabiertas las oficinas.

“Es una postura intolerante que no contribuye a un diálogo abierto y franco como el que hemos propuesto, haciendo entender que mantienen su determinación de cerrar la Junta Federal 52, en perjuicio de los trabajadores”, indicó.

Mientras tanto —explicó—, continúan los más de cinco juicios de amparo promovidos ante el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Carmen, contra esta decisión.

Confiamos en que con la jurisprudencia del resolutivo emitido por un Juzgado de Distrito de Durango, el cual ordenó a la STPS echar para atrás la decisión de cerrar una Junta Federal, se tenga resultado positivo, refirió.

Dijo confiar en gestiones de legisladores en el pleno del Senado y la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para desde ahí buscar el diálogo con la titular de Previsión Social, Luisa Alcalde Luján.

Alderete Paredes explicó que la determinación de los abogados laboralistas de evitar el cierre de la Junta Federal 52, se basa en la grave afectación a los trabajadores, quienes tendrían que pagar para viajar a la capital del Estado al desahogo de audiencias, sin las garantías de que éstas se realizarán de manera puntual.

Además —prosiguió—, no se cumpliría el principio de justicia expedita, porque al contar con menos personal, el desahogo de las audiencias y los procedimientos se alargarían mucho más, afectando a uno de los sectores más golpeados: el obrero.

Muchos de los trabajadores que han acudido a denunciar padecen por la falta de empleo, por eso el traslado de expedientes a la capital afectaría sus ingresos y muchos procesos quedarían inconclusos o abandonados, finalizó.