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A PGJE casos de corrupción en la Secud

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Al confirmar que a Campeche corresponderá este año más de 110 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), José Martín Farías Maldonado, secretario de educación, sostuvo que es competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche (PGJEC) dar seguimiento a los casos de corrupción cometidos por ex servidores públicos de la dependencia.

Señaló que en efecto, el Gobierno Federal reveló a las entidades federativas la distribución y calendarización del FAEB, del cual a Campeche le serán destinados 110 millones 861 mil 46 pesos, pero se está en espera de la aprobación de otros financiamientos, como es el programa de Escuela Digna, con inversión arriba de los 50 millones de pesos, lo mismo con Escuelas de Calidad y el de Escuelas de Excelencia, un nuevo programa federal.

Al llegar los recursos en abril su aplicación será en función de las necesidades de las escuelas, y aquellas con necesidades más apremiantes; recordando que al menos en el Estado mil 101 requieren de mejorar infraestructura, la mayoría ubicadas en el Camino Real.

De las denuncias interpuestas en la PGJE a principios del 2013 por la venta de plazas y el desvío de dos millones de pesos, son temas independientes de la Seduc, siendo responsabilidad del Ministerio Público (MP) para efectuar las investigaciones, así como dar parte de los avances.

“El MP es independiente a la Secretaría. Nosotros denunciamos, presentamos nuestros argumentos, el MP es el responsable de integrar el expediente y llevarlo ante el juez correspondiente”, comentó.

Confirmó que la Unidad de Asuntos Jurídicos, a cargo de Zazil Sonda Ramírez, no ha interpuesto formal querella contra tres ex servidores públicos por incurrir en actos irregulares, como la alteración del registro de alumnos y la compra y venta de un certificado apócrifo.

Deja en entredicho una mala investigación efectuada por Contraloría Interna, de acuerdo a uno de los cesados, Adrián Orpinel Canul Valle, quien en conferencia de prensa indicó que no le dieron oportunidad de audiencia ni presentar pruebas a su favor. Por ende promueve juicio en Casa de Justicia.

Farías Maldonado aclaró que Contraloría Interna opera con total independencia, investiga y fiscaliza a todos los funcionarios, incluyendo al secretario de Educación. Sin embargo, cuando hay personas que consideren verse afectados en sus derechos por los dictámenes, pueden acudir a las instancias correspondientes.

“Los dictámenes avalados por la Dirección Jurídica de la Secretaría deben acatarse. Cuando haya ciudadanos afectadas en sus derechos por los dictámenes, están en todo su derecho de acudir a las instancias correspondientes”, puntualizó.

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