Tribuna Campeche

Diario Independiente

Prisión preventiva a 2 exfuncionarios

Audiencia de vinculación a proceso, el jueves

La jueza de Control, Ana Concepción Gutiérrez Pereira, dictó prisión preventiva a los indiciados E.I.G.L. y F.M.R., expresidente municipal y extesorero del Ayuntamiento de El Carmen, acusados por la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), por el desvío de nueve millones 281 mil 320 pesos, que originalmente recibieron para destinarlos a programas y proyectos productivos.

El caso quedó asentado en la audiencia de formulación de imputación dentro del expediente 265/15-16.

De acuerdo con la denuncia de Jorge Alejandro Arcila Rodríguez de la Gala, director de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), ante la Fiscalía General del Estado, el dinero mal empleado es parte de los 241 millones de pesos que recibió la Comuna carmelita, con autorización del Congreso del Estado en el 2014, a fin de apoyar proyectos productivos.

La Auditoría Superior comprobó que el expresidente municipal y el extesorero acordaron desviar los más de nueve millones de pesos para la contratación de servicios de la compañía Estrategias Empresariales del Estado de Chiapas.

Según el desglose, la administración de quien entregó la estafeta al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus gastó tres millones 131 mil 72 pesos para el pago de comisiones bancarias, y los restantes seis millones 150 mil 320 pesos, los entregó a la compañía Estrategias Empresariales.

Por ello, la Asecam interpuso denuncia ante el Ministerio Público por el mal uso del dinero de partidas federales.

Los abogados defensores de los exfuncionarios municipales alegaron que los argumentos presentados no son suficientes para enjuiciar a sus clientes, y pidieron a la jueza de Control que gire oficios a los medios de comunicación, para que no mencionen los nombres de los involucrados, pues consideran que atenta contra su dignidad y la de sus familias.

Al momento de su intervención, los detenidos se reservaron el derecho a declarar, y sus abogados solicitaron la duplicidad de término constitucional —1 de septiembre— para determinar su vinculación a proceso. La audiencia está programada para las 2 de la tarde.

Con base en la acusación presentada por la Fiscalía, en medios judiciales se comentó que el juez deberá someterlos a proceso, con lo que permanecerían recluidos en el penal de San Francisco Kobén.

La Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva porque los indiciados podrían sustraerse de la acción de la justicia viajando al extranjero, además de que no tienen domicilio en la capital del Estado, pues radican en Ciudad del Carmen.

La defensa contra ese argumento consideró que era una medida cautelar muy severa, pues el delito de

peculado es menor, y pidieron que se les permitiera firmar de manera periódica en la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).

El abogado del extesorero dijo que éste no cuenta con pasaporte vigente para salir del país, y en el caso del exalcalde se dijo que sí cuenta con domicilio en la entidad, pues al tener problemas cardiacos se pasa la mayoría del tiempo en San Francisco de Campeche para recibir atención médica, aunque no aclaró quién atiende.

E.I.G.L. argumentó que sus viajes al extranjero son también por razones médicas.

Al final, la jueza de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva no oficiosa.

 

CAMBIO DE ABOGADOS

Al inicio de la audiencia los dos exservidores públicos tenían como defensa a defensores de oficio, pero más tarde el expresidente municipal solicitó la presencia de abogados privados.

Además, la defensa pidió a la jueza girar oficios a los medios de comunicación para respetar el principio de presunción de inocencia de sus clientes, pues en las publicaciones se exhibió el nombre y foto del presunto responsable, y también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, para iniciar una queja por la violación de los derechos de los indiciados.

También, pidieron a la autoridad judicial pedir por escrito a la Fiscalía General del Estado, indagar si las publicaciones hechas por los diferentes medios de comunicación incurren en algún ilícito.

La jueza explicó a la defensa que en ningún momento el Ministerio Público exhibió la detención de los acusados, puesto que además son exfuncionarios públicos y que los medios de comunicación tienen libertad de dar seguimiento a este caso.