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Pide diputado proteger los intereses de campechanos

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Quienes estén al frente de la Fiscalía Anticorrupción y del Consejo de la Judicatura, deberán ser hombres o mujeres que protejan los intereses de los campechanos, sin distingo de ningún tipo para aplicar la ley a quien mal use el dinero del pueblo, planteó el diputado Martín Durán Montero.

El legislador champotonero indicó que se trata de poner a personas que reúnan el perfil adecuado para dar resultados, los que demanda y exige hoy la ciudadanía.

Resultados positivos en términos de la reforma constitucional que creó esa fiscalía para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y actos de corrupción, e incorporó al Poder Judicial un Consejo de la Judicatura que conducirá la administración, vigilancia y disciplina del mismo.

También expuso que la LXII Legislatura tendrá la enorme responsabilidad de ser parte clave de la conformación de esos nuevos órganos, ya que tendrá la oportunidad de proponer a uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, y avalar a quien quede como cabeza de la Fiscalía Anticorrupción.

“La importancia del nombramiento del fiscal, el hombre o la mujer que sea designado, es que debe ser bien visto, tener un buen perfil ante los ciudadanos, ya que será quien encabece las investigaciones de los hechos que pudieran constituir delitos en materia de corrupción”.

Recordó que será designado por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes, a propuesta de instituciones públicas de educación superior.

En el caso del consejero, confió en que todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo definan a los mejores perfiles para elegir entre todos a uno de los integrantes de la Judicatura local, que se hará cargo de emitir resoluciones y acuerdos generales.

Tal como lo establece la ley en la materia, ese consejo quedará integrado por cinco miembros, uno de los cuales lo designará el Congreso y otro el gobernador.

Otro será el titular del Poder Judicial, y los otros dos serán designados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Todos ellos durarán un total de cinco años en el cargo.

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