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Tala, violencia y trasiego de drogas en la zona fronteriza

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En tres mil 300 hectáreas de las ampliaciones forestales de Pomuch y Champotón, donde están asentadas más de 400 familias indígenas, no hay acciones ni interés por combatir la tala inmoderada, el trasiego de drogas y violencia y homicidios promovidos por intereses de empresarios coludidos con las autoridades.

Así lo denunció el Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata Salazar” (Freciez), en reunión con el representante estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Nehemías Chi Canché.

Juan Ángel Soto Vargas, presidente de la Junta Municipal de Monclova, Candelaria, reiteraron, es uno de los principales agitadores de la violencia, al abusar de sus facultades para compraventa ilegal de superficies legalmente  registradas al ejido de Pomuch, donde están posesionadas familias indígenas.

Ante la negativa de las autoridades locales por atender la seguridad, el problema se agudiza, ya que gente manipulada por Soto Vargas invadió tierras que desde hace décadas han trabajado, y contrataron a paramilitares instalados en la frontera de México y Guatemala para amenazarlos.

Es necesario de inmediato establecer medidas de seguridad con fuerzas federales del Ejército y la Marina, por la grave situación y la falta de respuesta, pese a las denuncias sobre actividades ilícitas y la violación de los derechos humanos de los indígenas asentados en estas tierras”, denunció el dirigente del Freciez, Luis Antonio Che Cu.

Planteó a Chi Canché convocar a una mesa de trabajo con todos los involucrados en la regularización de las tierras, para establecer acuerdos y compromisos que acaben con el conflicto.

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