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A feminicidas hasta 60 años de reclusión

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El Congreso del Estado reformó el Código Penal para imponer prisión de 40 a 60 años y multa de hasta 84 mil pesos al que cometa el delito de feminicidio, y fijó cárcel de 3 a 8 años al servidor público que entorpezca las investigaciones o diligencias en delitos graves, además de su destitución e inhabilitación por hasta 10 años.

En la tercera sesión ordinaria, la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen relativo a las iniciativas de reformas al artículo 160. Se le adiciona una fracción VII y cuatro subsecuentes párrafos y se adiciona el artículo 315 al Código Penal del Estado de Campeche, promovidas por los diputados María de los Dolores Oviedo Rodríguez y María del Carmen Guadalupe Torres Arango, que se juntaron con la propuesta del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehcam), Juan Antonio Renedo Dorantes.

Con la modificación al artículo 160 se estableció que “a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Y además de las sanciones que correspondan al sujeto activo, perderá, si los tuviere, todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”.

Las modificaciones se sustentan en el interés de diversos sectores sociales para sancionar con mayor severidad el delito de feminicidio, y en el afán de lograr mayor respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Los legisladores se pronunciaron a favor de esta reforma, porque conlleva incremento de proteccionismo punitivo en el tipo penal de feminicidio, con la finalidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres.

Referente a la adición de un artículo 135, “se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de 500 a 1,500 Unidades de Medida y Actualización al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración e impartición de justicia tratándose de delitos graves. Además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Luego se leyó una iniciativa para derogar la fracción V, reformar el párrafo segundo, adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 169 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, que fue turnada a comisiones.

La legisladora panista Nelly del Carmen Márquez Zapata propuso una iniciativa de diversas modificaciones a los artículos 17 y 49 de la Constitución Política del Estado de Campeche; la priísta María del Carmen Guadalupe Torres Arango pidió reformar los artículos 185, 187, 375, 409 y 414 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y la morenista Celia Rodríguez Gil presentó una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Campeche y sus Municipios, reglamentaria del artículo 101 bis de la Constitución Estatal.

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