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Obligado, escuchar las opiniones de menores en juicios

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Reformar el Código Civil del Estado de Campeche en materia de patria potestad e interés superior del menor, a fin de garantizar que los sujetos a una controversia por estos casos, de manera obligatoria sus opiniones sobre quiénes serían las mejores personas que garanticen sus derechos sean escuchadas por el juez, pidió la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Sierra Damián.

Así lo planteó en un punto de acuerdo para reformar y adicionar el artículo 432 del Código Civil del Estado de Campeche, con el propósito de armonizarlo con tratados internacionales y leyes federales, pues en el marco normativo local no se encuentra establecido ni garantizado ese derecho del menor para verter su opinión sobre a quién le debe corresponder la patria potestad en casos de muerte de ambos padres o impedimento legal de los mismos.

“Esta propuesta es para que en todos los juicios que versen sobre la materia de patria potestad en nuestra entidad, sea obligatorio que el menor presente sus opiniones, y que éstas puedan influir en la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos sobre quién de los ascendientes, ya sea paternos o maternos, se considera que pueden garantizar plenamente sus derechos superiores como menores”.

La patria potestad, indicó, se considera como un poder concedido a los ascendientes como medio de cumplir con sus deberes respecto a la educación y cuidado de sus descendientes.

“Es un conjunto de derechos, deberes y obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como para que administren sus bienes y los representen en tal periodo”.

Y citó que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e implícitamente en el artículo 4º de la Constitución Federal, además del artículo 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señalan que el derecho de los menores a participar en procedimientos jurisdiccionales que les afecten, implica que el juzgador debe tomar las medidas oportunas para facilitar la adecuada intervención del niño.

Es decir, que este tenga la posibilidad efectiva de presentar sus opiniones, y que estas puedan influir en la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos.

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