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Aprobaron deudas hasta por 595 mdp

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La autorización del Congreso del Estado a 11 municipios a contratar deuda por hasta 595 millones 798 mil 634 pesos con instituciones del Sistema Financiero Mexicano (SFM) para obras, acciones sociales y/o inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema, produjo ríspido debate entre diputados del PRI, Morena y PT.

En la XXVI sesión ordinaria, con 27 votos a favor y seis en contra, de los morenistas María Sierra Damián, Joaquín Notario Zavala, Claudeth Sarricolea Castillejo, Sofía Taje Rosales y Selene Campos Balam y del petista Antonio Gómez Saucedo, fue aprobada la iniciativa del Ejecutivo.

En ella se señala que los municipios podrán contratar lo autorizado por el Cabildo, y priorizar agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural, colonias pobres, infraestructura básica de salud y educación, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura.

Formalizarán los contratos en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, pero pagarán el financiamiento dentro del periodo constitucional para el que fueron electos, a más tardar el 30 de septiembre de 2021. Podrán afectar un porcentaje máximo del 25 por ciento de los ingresos de su Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Calakmul podrá contratar hasta 62 millones 36 mil 778 pesos, Calkiní 55 millones 333 mil 217, Campeche 56 millones 630 mil 70, Candelaria 81 millones 204 mil 980, Carmen 83 millones 644 mil 719, Champotón 69 millones 709 mil 38, Escárcega 76 millones 16 mil 894, Hecelchakán 26 millones 352 mil 915, Hopelchén 60 millones 243 mil 532, Palizada 11 millones 963 mil 697 y Tenabo 12 millones 662 mil 794. Si algún municipio no contrata financiamiento, el Estado le transferirá el 100 por ciento de su Faism.

Las morenistas Taje Rosales y Sierra Damián acusaron que la deuda pública es para tapar boquetes por anomalías y banalidades, y se comprometen las participaciones federales que pueden utilizar en obras y acciones. Gómez Saucedo, del PT, lamentó el artículo 5 que autoriza al Ejecutivo a crear un fideicomiso para pagar deudas, y el 10 que autoriza a los municipios a reorganizar las contraídas anteriormente. Se contratan para nuevas obras, y se reajustan las que ya se tienen, fustigó.

El morenista José Luis Flores Pacheco y los priístas Emilio Lara Calderón y María Cupil Cupil coincidieron en que los municipios necesitan recursos para salir adelante, y con este aval pueden pedir adelanto para crear infraestructura social que impacte positivamente en la ciudadanía.

Va para el combate al rezago social y la pobreza extrema, salud y agua potable, y fiscaliza la Federación. Lo tienen que devolver, sino se pueden ir hasta la cárcel. Eso se llama legislar con responsabilidad, sin mirar de qué partido sea”, subrayó Flores Pacheco.

Luego se dio entrada a iniciativa de decreto para adicionar un cuarto párrafo al artículo 25 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2019, promovida por el Ejecutivo.

Eso permitirá que el Gobierno del Estado pueda arrendar 30 vehículos tipo pick up doble cabina, equipadas como patrullas, de cuatro puertas y motores diésel, por un monto hasta de 55 millones 295 mil 365.20 pesos por un periodo de hasta 36 meses previa licitación pública, y de ocho vehículos tipo camioneta doble cabina y nueve tipo camioneta cabina regular por hasta 32 millones 940 mil 050.68 por el mismo periodo. Se cubrirán así necesidades, especificaciones y requerimientos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

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