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Blindan legisladores pensiones estatales

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El Congreso aprobó reformar la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche para ‘salvaguardar los derechos de las y los servidores públicos, y garantizar la solvencia del sistema de pensiones de las nuevas generaciones’, lo que la oposición calificó de “duro golpe para los burócratas estatales”.

La Legislatura también aprobó una solicitud del secretario general de Gobierno Pedro Armentía López, para retirar la iniciativa de decreto para adicionar un cuarto párrafo al artículo 25 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2019, y poder arrendar 38 vehículos que serían destinados para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la última sesión del primer año de ejercicio constitucional, se avaló la iniciativa del gobernador Carlos Miguel Aysa González, con 22 votos a favor y nueve en contra de los legisladores morenistas María Sierra Damián, Joaquín Notario Zavala, Claudeth Sarricolea Castillejo, Selene Campos Balam y Sofía Taje Rosales y de los panistas Biby Rabelo de la Torre, Jorge Nordhausen Carrizales, Merck Estrada Mendoza y María Oviedo Rodríguez.

La reforma a 72 artículos y derogación de 44 de esta ley, busca proteger a los trabajadores y sus beneficiarios a través de una reserva para financiar el sistema de pensiones y seguros, y que atienda oportunamente las prestaciones de ley, evitando las presiones de liquidez a corto plazo y el déficit de caja en mediano plazo.

Se crea una Junta de Gobierno que sustituye al Consejo Directivo, la cual será presidida por el secretario de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), o  por los titulares de las secretarías de Finanzas (Sefin) o de la Contraloría (Secont).

Se elimina la figura del Fideicomiso de Administración para sustituirlo por otro instrumento financiero que garantice seguridad, rendimiento, liquidez y transparencia de los recursos del sistema de pensiones y seguros, y se incrementan las aportaciones de los trabajadores de 8.5 a 10 por ciento del sueldo de cotización y del 13.5 al 15 por ciento de las aportaciones patronales.

Para las estimaciones del seguro de fallecimiento y gastos de inhumación, se elimina la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se aplica el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para mejorar las prestaciones a los beneficiarios.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam) sólo brindará los servicios de preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), y de actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas en el Centro Integral de Adulto Mayor (CIAM).

Así se busca evitar la transferencia de recursos presupuestales para cubrir déficits, en detrimento de la cobertura de otras necesidades sociales.

La morenista Sofía Taje Rosales acusó que es duro golpe a los burócratas, pues se les cobra una cuota del seis por ciento de la pensión, y se abarata la vida del trabajador al disminuir el seguro de un millón a 60 mil pesos. Alertó que se trata de privatizar pensiones y jubilaciones, y pidió eliminar pensiones a cinco exgobernadores del PRI, de 150 mil pesos mensuales cada uno.

María Sierra Damián, de Morena, condenó que un director impuesto por el Gobierno Estatal vaya a ser el responsable de manejar los recursos de los trabajadores, poniendo en riesgo su patrimonio, y afirmó que se viola el artículo 123 constitucional, y la priísta Leonor Piña Sabido destacó que se incrementó el pago de marcha de dos mil a 10 mil pesos, y que en caso de que el trabajador tenga 30 años de servicio y 50 de edad, recibirá el 100 por ciento de su pensión.

El pvemista Álvar Ortiz Azar celebró que Campeche sea uno de 10 estados del país que no tiene problemas con el Fondo de Pensiones, por lo que la reforma garantiza el futuro de tres mil jubilados y pensionados y 11 mil en activo que tiene el Gobierno del Estado. “No se está privatizando nada, se está garantizando la seguridad de las familias que se van a pensionar… Es prever para el futuro”, subrayó.

Los diputados de Morena y PT, José Luis Flores Pacheco y Antonio Gómez Saucedo, se pronunciaron en contra por el artículo 19. Flores Pacheco propuso que la Junta de Gobierno se integre además por un representante del sindicato mayoritario del magisterio, y otro del mayoritario en la entidad. Fue aprobado con 26 votos a favor y cinco en contra.

 

Protegen a los de confianza

 

Se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública del Estado promovida por el gobernador, dirigida a puestos de confianza, y para instituir un marco legal que fundamente el desempeño de los trabajadores de confianza a partir del mérito, la evaluación de su desempeño y su trayectoria de profesionalización en puestos de mayor responsabilidad.

El petista Antonio Gómez Saucedo alertó que se intenta garantizar la permanencia de la alta burocracia más allá de un periodo sexenal, bajo el argumento de la protección del empleo, y crear un manto protector sobre los burócratas de confianza, pero la priísta Guadalupe Torres Arango refutó que es a favor de las familias y los trabajadores.

“¿Porqué no brindarle la oportunidad a alguien que todos los días trabaja y no tiene la posibilidad de ascender a un cargo mayor y con mejor remuneración?”, cuestionó.

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