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No cree en la policía 85% de ciudadanos

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Entre el 85 y 95 por ciento de la población considera que la policía es corrupta, y del 55 al 89 porcentual que hay corrupción en la impartición de justicia, lo que confirma el gran problema de confianza en las instituciones públicas que protegen a las personas contra violaciones a sus derechos humanos.

Durante el Foro “Desarrollo sostenible y la paz; liderazgo positivo para erradicar la corrupción y promover sociedades pacificas e inclusivas”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), se destacó que la primera relación entre la corrupción y la violación a los derechos humanos, es la solicitud de sobornos como condición para el acceso a la justicia y a los servicios públicos.

“Se observa gran problema de confianza en las instituciones públicas que protegen a las personas contra violaciones a los derechos humanos. Se estima que entre el 85 y 95 por ciento de la población considera que la policía es corrupta”.

“Igualmente, entre 55 y 89 por ciento de los encuestados consideran que la administración de justicia (Policía Judicial y Ministerio Público) es corrupta. Además, entre 55 y 84 por ciento estima que la impartición de justicia (jueces) es también corrupta”, se planteó.

Ante la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  Consuelo Olvera Treviño, y el presidente de la Codhecam, Juan Antonio Renedo Dorantes, los ponentes señalaron que la corrupción, al ser fenómeno complejo y diverso, no sólo afecta a la economía, sino también a los derechos humanos.

Por esta razón, el objetivo número 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, convoca a la comunidad internacional a lograr sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, para lo cual fija como meta reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Para avanzar en este sentido, es imprescindible encontrar soluciones, aumentar la cooperación internacional y fortalecer los marcos regulatorios y las finanzas a todos los niveles, pues así se hará realidad el potencial transformativo de las personas y del sector privado.

Al foro acudieron también José Adam Richaud, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, y Alejandro Medina Piña,  representante personal del gobernador Carlos Miguel Aysa González.