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Embarazo precoz por escasez de condones

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Por desabasto de preservativos en hospitales y otras instituciones del sector salud y la falta de  acceso a métodos anticonceptivos, se han incrementado los embarazos entre adolescentes, alertó la coordinadora de Derechos Sexuales y Reproductivos del Observatorio de Violencia de Género, Isabel Rodríguez Casanova, al revelar que de los mil 847 jóvenes que ofrecieron asesoría y orientación en los últimos 16 meses, al menos 115 mujeres solicitaron información sobre interrupción legal del embarazo.

También denunciaron que a través del Observatorio de Violencia de Género y de los Servicios Integrales en Sexualidad (Sisex), han observado que en los ministerios públicos, cuando las mujeres presentan una denuncia por violación, no se les ofrece la pastilla de emergencia ni retrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual. Se habla de desabasto y ellas se ven en la necesidad de buscar opciones en otros espacios, señaló.

Rodríguez Casanova sostuvo que en Campeche existe un contexto de criminalización y de violencia, específicamente en mujeres adolescentes, a quienes no se les garantiza el acceso a métodos anticonceptivos, y se genera una falsa idea de que los jóvenes están recibiendo educación sexual y reproductiva de manera integral, para que puedan tomar decisiones sobre su vida sexual, cuando lo único que tienen son charlas en sus escuelas, y sólo en algunos casos.

Liliana Lomelí, coordinadora de Derechos Humanos del Observatorio, precisó que en la entidad hay altos niveles de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad, y resaltó que en los municipios prevalece la inacción para combatir este problema, sobre todo porque “en la zona rural es de uso y costumbre los embarazos a temprana edad, lo que es totalmente erróneo”.

Campeche se encuentra entre los 10 primeros lugares de violencia sexual contra  las niñas, pues muchas de ellas son obligadas a continuar con el embarazo, lo que les genera trauma, situación que según organismos internacionales se puede comparar con la tortura.

Lomelí admitió que aunque hubo un avance por parte de la Suprema Corte de Justicia en la resolución de la norma 046, la cual indica que todas las instancias de salud tienen la obligación de interrumpir el embarazo de quienes hayan sufrido violación, “existe en el Estado la necesidad de pasar de la ley a la práctica que garantice la integridad de las mujeres”.

Hay urgencia de que los servidores públicos abran su mente y tengan principios claros de derechos humanos y perspectiva de género para abordar este tema, además de reforzar la capacitación, aseveró.

De acuerdo con esta asociación civil, de abril de 2018 a agosto de 2019 atendieron a mil 847 jóvenes y adolescentes campechanos que fueron en busca de asesoría, y de ese total, 115 mujeres, en su mayoría adolescentes y niñas, pidieron orientación sobre cómo interrumpir el embarazo, y el 90 por ciento lo consiguió. Lo peor es que la mayoría de los embarazos no deseados fueron a consecuencia de que no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos.

 

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