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Violador de derechos humanos, en la FGR

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Carmelo Marcos González, quien suple temporalmente al exdelegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Daniel Agustín García Leal, tiene antecedentes de violaciones a derechos humanos en San Luis Potosí, Nuevo León y Baja California, en donde ha ocupado diversos cargos.

A través del área de Comunicación Social de la dependencia federal en Campeche, se confirmó que García Leal dejó el cargo que ocupó por 11 meses al frente de la Delegación de la FGR. Salió entre acusaciones e investigaciones internas por actos de corrupción y maltrato al personal.

Desde el pasado martes 15 de octubre García Leal dejó el cargo, y ese mismo día por la tarde fue nombrado como encargado Marcos González, que se desempeñaba como subdelegado en Ciudad del Carmen.

Marcos González es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exdirector de área de la Coordinación de Supervisión y Control Regional de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. También fue subdelegado de Procedimientos Penales en 2016 de la PGJ en San Luis Potosí.

El funcionario ha sido señalado por omisión en informes oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de comisiones de derechos humanos de Baja California y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Uno de los casos en los cuales fue denunciado por actuar de manera omisa y negligente fue el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, Francisco Arredondo Verdugo y Antonio Mercado Alonso, asesinados presuntamente por un grupo de militares en el campus universitario, en Nuevo León, en marzo de 2010.

Los soldados alteraron las evidencias y afirmaron que los estudiantes eran parte del crimen organizado, de acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010. Marcos González fungía como director de Averiguaciones Previas de la zona noroeste y estuvo a cargo de las investigaciones.

En septiembre de 2016 la CNDH emitió la recomendación 45/2010 tras las protestas de los familiares de las víctimas, así como de organismos como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac).

En Baja California, Carmelo Marcos fungió como director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en ese lapso la menor Sara Benazir fue atacada el 7 de diciembre de 2005 por un grupo de jóvenes en Tijuana. Posteriormente fue arrojada a plena luz del día desde un vehículo, que la arrastró por las calles de esa ciudad fronteriza hasta dejarla agonizante. Después murió.

Familiares acusaron que la pésima investigación de Carmelo Marcos y otros altos funcionarios de la dependencia, entre ellos el entonces procurador y exsubprocuradora de esa entidad, Antonio Martínez Luna y María Teresa de Jesús Valdez Morales, permitió que escapara el presunto asesino material, Emmanuel Valencia Pérez.

Como encargado de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP), también fue señalado en diversas ocasiones, como en el caso de hostigamiento contra 12 líderes sindicales y activistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como parte de las represalias del gobierno de Marcelo de los Santos, debido a las protestas y marchas efectuadas contra su administración.

Durante su gestión al frente de esa oficina en San Luis Potosí se reportó el multihomicidio de cinco mujeres en la zona de Tamuín. De acuerdo con versiones de familiares de víctimas y activistas que intervinieron en el caso, las investigaciones registraron una cadena de errores e irregularidades y el hecho sigue impune.

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