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Operación mochila criminaliza a niños

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El operativo mochila criminaliza a los menores y vulnera sus derechos a la educación, participación e intimidad, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Juan Antonio Renedo Dorantes, al emplazar a la Secretaría de Educación a implementar un protocolo y procedimiento homologados con enfoque de derechos humanos.

En el protocolo —expuso—, debe ser considerado el contexto de cada entidad federativa para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar, y que las autoridades escolares “no sigan aplicando el operativo Mochila Segura a su libre arbitrio, y muchas veces sin capacitación de quienes lo llevan a cabo”.

Detalló que el artículo 73, primer párrafo, de la Ley General de Educación en vigor, da la pauta al establecer que “en la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y cuidado necesario, para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan”.

Es necesario —continuó—, conformar un grupo multidisciplinario que analice el esquema de operatividad, funcionamiento, supervisión y análisis del resultado de este operativo, para diseñar, publicar y difundir el protocolo general y homologado de aplicación a nivel nacional.

“Las operaciones mochila que se han llevado a cabo, son medidas de seguridad y de prevención del delito, porque se presume que niñas, niños y adolescentes pueden cometer delitos, por lo que se les causa molestias y se les criminaliza, vulnerando sus derechos a la educación, intimidad y participación”.

“Por lo contrario, se deben realizar acciones que en todo momento velen por su mejor protección dadas sus condiciones de vulnerabilidad, pero corresponde a la SEP diseñarlas e implementarlas”, aseveró Renedo Dorantes.

En investigaciones por dos quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la operación mochila, las cuales dieron origen a la recomendación emitida en agosto de 2019, se consideró que en la aplicación por parte de las autoridades ejecutivas y escolares no se privilegió el interés superior del niño.

No se contó con una estrategia de intervención ni un enfoque de derechos humanos, trasgrediendo diversos artículos de la Constitución General de la República, la Ley General de Educación, las convenciones Sobre los Derechos del Niño y la Americana de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, finalizó.

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