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Sin queja de contagio en Ceresos

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) no ha recibido queja formal acerca de brotes de coronavirus en los centros penitenciarios, indicó su presidente Juan Antonio Renedo Dorantes, pero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debe garantizar la atención hacia el personal administrativo y las personas privadas de su libertad.

Con la facultad que otorga la ley al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, con oficio el 19 de marzo, se envió un legajo institucional en el que se dictaron medidas cautelares a la SSP del Estado, recordó.

Con el fin de evitar la consumación de violaciones a derechos humanos de difícil o imposible reparación en agravio tanto de las personas privadas de su libertad, de los familiares que los visitan y del personal administrativo en los Centros Penitenciarios de San Francisco Kobén y Ciudad del Carmen, incluyendo al Centro de Internamiento para Adolescentes de Kilá, Lerma.

En el documento se sugirió al titular de la SSP, Jorge de Jesús Argáez Uribe, emitir instrucciones para que los directores de dichos centros elaboren un programa de seguimiento sobre las últimas novedades con relación al Covid-19 y cumplan las recomendaciones dadas por las autoridades prestadoras de los servicios de salud del ámbito local y Federal.

Mantener informada a la población penitenciaria, visitantes y personal sobre las acciones preventivas a adoptarse.

Proveer de productos necesarios como agua y jabón, y de insumos alimenticios que fortalezcan el sistema inmunológico de las personas recluidas en los Ceresos del Estado.

De detectarse algún sospechoso se debe notificar al personal médico para tener un diagnostico específico y en caso de resultar positivo se notifique a la autoridad de salud, con el fin de confirmar o descartar el caso y tomar las medidas adecuadas.

En el legajo enviado, resaltó, a la dependencia a cargo de estos tres sitios es respaldado por el artículo nueve, fracción primera de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde establece que todos los internos deberán recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios.

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