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Violencia política contra mujeres constituye delito

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Las campechanas tienen garantizada la defensa de sus derechos en los comicios de 2021, con la reforma que constituyó como delito la violencia política en razón de género, destacó la presidenta del IEEC, Mayra Bojórquez González, en la videoconferencia “Violencia política contra las mujeres en razón de género en Campeche”.

Durante la transmisión organizada por la Asociación Mexicana de Consejeros Electorales Estatales (Amcee), celebró que a raíz de la reforma electoral del pasado 13 de abril de este año, la violencia política contra la mujer ya es delito, y quien la cometa enfrentará penas corporales y multas, además de promoverse un procedimiento especial sancionador (PES) o juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (JDC).

Lamentó que en los comicios de 2012, 2015 y sobre todo 2018 se registraron ataques contra candidatas, por lo que era importante crear un marco jurídico que garantice la participación política de este sector, que por muchísimo tiempo ha estado relegado en la toma de decisiones.

La violencia política en razón de género repuntó desde 2014, cuando se estableció el 50 por ciento de candidaturas para mujeres. Hay que decirlo en voz alta: tenemos una sociedad patriarcal que está en el trayecto de un cambio cultural que implica cambiar nuestra mentalidad, y asumir que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres, asentó.

En Campeche desde 2017 contamos con la posibilidad de promover un JDC, y tenemos un Congreso paritario. Por ello aplaudió que la reforma abriera la posibilidad de denunciar esta conducta por la vía jurisdiccional, administrativa y penal, aunque admitió que el reto será que las mujeres denuncien y las instituciones impulsen la difusión de estas herramientas para defender su participación en política.

“Si una persona fue condenada por el delito de violencia política en razón de género, no podrá registrarse a una candidatura, y el Instituto Electoral del Estado podrá imponer sanciones a los partidos políticos de hasta un 50 por ciento de sus ministraciones, e incluso, y si la conducta es grave y reiterada, podría cancelar su registro”, subrayó.

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