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Cobra Infonavit bajo amenazas

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En lugar de condonar pagos de las mensualidades vencidas a todos los acreditados en el Estado durante el tiempo que dure la pandemia, o en su caso dar facilidades para cubrir en la medida de las posibilidades todo lo que resta del año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aplica una política de cobro de amenazas, intimidaciones, y obliga a firmar convenios en perjuicio de los usuarios, según la diputada local Etelvina Correa Damián.

La ahora legisladora independiente señaló que la implementación del aislamiento social y otras medidas para contener la propagación del Covid-19, provocó que un gran número de empresas y comercios cerraran sus puertas, ya que únicamente les permitían laborar a los que se consideraban actividades esenciales.

Despidieron a gran parte de los trabajadores, y a otros les recortaron sus sueldos, pues las empresas y comercios no podían sostener las fuentes de empleo sin ventas o producción, recordó.

“Pero pese a todas las medidas, la propagación del Covid-19 es imparable. La preocupación de los habitantes es no contagiarse, y causa zozobra a los miles de derechohabientes del Infonavit que no cuentan con recursos para alimentar a sus familias por falta de empleo, o la disminución de su salario, y por consiguiente, tampoco para pagar el crédito de vivienda”.

Y reprochó que de manera insensible, el Infonavit arreció el acoso a los morosos con llamadas telefónicas, cartas o comunicados de despachos de cobranza contratados por este organismo para presionar a los beneficiados, y exigirles el pago de las mensualidades vencidas, o los amenazan con perder su patrimonio si no firman convenios para modificar los contratos originales con cláusulas en perjuicio de los ciudadanos.

Correa Damián demandó al delegado del Infonavit en Campeche, Rafael Felipe Lezama Minaya, dejar de aplicar medidas de cobro con presiones y amenazas, y no obligar a la reestructuración del crédito que lleva a los trabajadores a perder sus derechos, y que no paguen por más de 30 años, y menos pierdan sus viviendas.

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