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En suspensión la Permanente

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La LXIII Legislatura del Congreso del Estado suspendió las sesiones de la Diputación Permanente, la cual se activará sólo en cuestiones de urgencia en lo que respecta a este periodo de receso, luego de que la semana pasada fue la última sesión del tercer periodo ordinario, en el que sólo cumplieron en seis ocasiones por motivo de la contingencia sanitaria.

En la sexta sesión ordinaria realizada la semana pasada, los grupos parlamentarios y representaciones de las fuerzas políticas del Estado, aprobaron por mayoría el acuerdo de la Mesa Directiva, pues el independiente Luis Alonso García Hernández y la morenista Sofía Taje Rosales, se manifestaron en contra que de nueva cuenta el Congreso local suspensa las labores legislativas.

Los diputados locales acordaron retomar el acuerdo que avalaron el 26 de mayo,  respecto a los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo del Estado, durante el tercer periodo de receso del segundo año de ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura.

Aunque sin ningún acto protocolario ni sesión presencial o virtual, la Diputación Permanente se ha declaró instalada y abierta, pero suspendida, y sesionarán sólo en caso de ser necesaria de manera reservada.

La Diputación Permanente es integrada por los miembros de la Junta de Gobierno y Administración, los diputados, el priísta Ramón Méndez Lanz, como presidente; el morenista José Luis Flores Pacheco, vicepresidente; el priísta Emilio Lara Calderón, secretario; el panista Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, primer vocal y la priísta Ana Gabriela Sánchez Preve, segunda vocal.

De nueva cuenta el Congreso del Estado prácticamente entró en pausa con el argumento de prevenir la propagación del Covid-19, aunque la mayoría de los diputados andan en la calles como si fueran campañas electorales.

Cabe señalar que en el tercer periodo ordinario, los legisladores sólo realizaron seis sesiones de por lo menos 20, para sacar los temas de la reforma electoral local que se encuentra impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y las cuentas públicas del Gobierno del Estado y los 11 municipios, y de paso la Constitución local para poder realizar sesiones virtuales.

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