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Tras casi un mes inactiva, ya sesionó la Permanente

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Con inventario de 227 asuntos, entre iniciativas para dictaminar, proyectos de dictamen y juicios políticos, la Diputación Permanente convocó a los 35 diputados de la LXIII Legislatura al primer periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento de la nueva secretaria de la Contraloría (Secont), y fijar fecha para el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Miguel Ángel Chuc López.

Luego de casi un mes sin actividad como parte del acuerdo derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, la Diputación Permanente apertura sus trabajos para recepcionar el inventario legislativo, donde existen 105 iniciativas promovidas por diputados que no han sido turnadas a comisiones, 98 están para dictaminar, seis proyectos de dictamen, otros seis temas diversos, y 12 juicios políticos.

En la primera sesión del periodo de receso, en el que los integrantes de la Permanente guardaron un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la diputada Etelvina Correa Damián, se dio trámite a la solicitud del gobernador Carlos Miguel Aysa González para analizar, ratificar o rechazar la designación de la titular de la Secont, Lilia Carrillo Díaz, en sustitución de  Elvira de los Ángeles López González, quien renunció voluntariamente.

También se determinó fijar fecha para la presentación por escrito del Informe Anual de Labores del Poder Judicial sobre el estado general que guarda la administración de justicia en la entidad, en sesión extraordinaria programada para el martes 8 de septiembre, a las 11:00 horas, en el salón de sesiones del Poder Legislativo.

Entre los asuntos pendientes del inventario legislativo están la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, promovida por el Ejecutivo Estatal respecto a la calumnia; incluir la violencia obstétrica propuesta por el PAN; la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en la entidad.

También la creación del municipio de Sabancuy, solicitada por el PT; otorgar incentivos fiscales por la contratación de adultos mayores y personas con discapacidad, promovida por el PVEM; la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad del Estado, entre otras.

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