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Corrupción abarcó a municipios

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Los tentáculos de la corrupción del exdirector del Instituto Estatal del Transporte (IET), Candelario Salomón Cruz, abarcaban municipios del Estado donde, a través de “representantes” exigía cuotas que iban de mil 800 pesos (para tricicleteros) a 350 mil (para taxis foráneos), por lo cual el monto de lo defraudado es de varias decenas de millones de pesos, aseguran los afectados.

En Escárcega, transportistas locales como taxistas, tricicleteros y mototaxistas también fueron timados por los operadores que mantenía en el municipio el exfuncionario, entre ellos, Marcelo Inurreta Escalante, exdirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

Inurreta Escalante cobraba cuotas para permitir que varias unidades operaran sin placas, respaldó a “martillos” que rebasaban la edad y no cumplían con licencias de transporte, e incluso vendía concesiones en más de 150 mil pesos.

“Es un secreto a voces que sus operadores eran quienes organizaban las reuniones en el rancho de Salomón Cruz, desde donde fraguaban los acuerdos, e incluso entregaban dinero en efectivo por los derechos que cobraban. En esa misma situación se encuentran los tricicleteros con motor adaptado, quienes para obtener sus tarjetones también pagaban hasta mil 800 pesos”.

Aún más, tricicleteros reconocieron que para disminuir los problemas, el actual directivo del IET les entregó por escrito acuerdos donde se comprometió a respetar los tratos con Salomón Cruz, pese a que algunos documentos eran apócrifos.

NO SOLAPAR 

Los transportistas pidieron al Gobierno del Estado no proteger ni solapar a Salomón Cruz, pues si se sigue una investigación a fondo encontrarán elementos suficientes para encarcelarlo y fincarle responsabilidades.

En Xpujil, denunciaron que la delegación de taxistas del FUTV registró pérdidas de al menos 12 concesiones de placas ante la complejidad que impuso el entonces director del IET, en colusión con la directiva local en funciones.

Estas pérdidas de concesiones obedecieron a que para regularizar o actualizar la documentación, les costaba entre cinco mil y 10 mil pesos o más, lo que en su momento los dueños no tenían, por lo que las desaparecieron de la delegación.

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