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Prisión de hasta 10 años por desacato

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El alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, y su director de Obras Públicas, José Luis Llovera Abreu, estarían incurriendo en el delito de desacato y podrían ser castigados con hasta 10 años de cárcel por no respetar el resolutivo de amparo del Tribunal Colegiado de Circuito, que los instruye a clausurar la gasolinería establecida en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio y calle La Quinta, que violenta el derecho a la salud de vecinos del Fraccionamiento Bicentenario II y pacientes y trabajadores del Centro Médico Campeche.

Así lo aseguró el presidente de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cardeña Vázquez, al recordar que toda autoridad debe cumplir los mandamientos de los jueces de Distrito o las autoridades jurisdiccionales. En especial en materia de amparo se debe cumplir el mandato, si lo que se busca es el respeto a los derechos humanos.

Aquellas autoridades que no cumplan, subrayó, puede recibir sanciones que van desde el delito de desacato, que incluye inhabilitación y prisión de cinco a 10 años. Si la autoridad municipal no ha dado cumplimiento a un mandato judicial, desde luego que puede enfrentar el delito de desacato, con repercusiones muy graves, advirtió.

Se deberá acreditar el incumplimiento del mandato del juez federal. De ser así, explicó, el juez tiene la facultad de solicitar el inicio de un incidente de incumplimiento, para que sean removidos de sus cargos, al mismo tiempo de iniciar un proceso penal ante la Fiscalía General de la República.

El mandato del juez debe ejecutarlo la autoridad municipal en el tiempo establecido en el documento, agregó. De no ser así, el juez de Distrito debe, a petición de parte o de motu proprio, iniciar un incidente de incumplimiento e inhabilitar o remover de su cargo a los funcionarios, y darle vista a la Fiscalía General de la República por los delitos cometidos. En este caso, por lo que indica la Ley de Amparo, e iniciar las acciones penales, indistintamente de la destitución.

Entonces por ley debe designarse a otra autoridad que cumpla al mandato del juez, que en este caso es la clausura definitiva de la gasolinería, lo que garantizaría el derecho a la salud de vecinos del Fraccionamiento Bicentenario II, pacientes y trabajadores del Centro Médico Campeche, aseveró.

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